Moralejo sobre La Colina: “Es un tema netamente privado”

El subsecretario de Industria y Comercio de Mendoza, Sergio Moralejo, se refirió a la situación de la fábrica La Colina en diálogo con FM Vos (91.5) y Diario San Rafael, haciendo especial hincapié en que “se trata de una empresa privada que está en un proceso concursal, en manos judiciales”. Resaltó que lo que ocurra está en manos de sus dueños y de los accionistas, personas que han sido convocadas por el Gobierno provincial y que no se han presentado.
Es de público conocimiento la dramática situación que se vive en La Colina, donde los empleados incluso han juntado firmas en el Kilómetro Cero a fin de ser recibidos en la Legislatura provincial y obtener un respaldo que les permita no perder sus puestos laborales.
Desde el Gobierno de Mendoza, Moralejo (quien incluso se ha entrevistado con la jueza que tiene en sus manos la causa de La Colina), dijo que es un tema que muchas veces se usa en tiempos electorales, lo cual “hasta puede servir de burla para las familias afectadas”, y sostuvo que “lo que ocurra está pura y exclusivamente vinculado a la decisión de los propietarios y a los accionistas en hacer funcionar la planta o no, y desde el Ministerio los hemos invitado un par de veces para ver si podíamos elaborar un plan y colaborar desde el Gobierno provincial, pero desafortunadamente no asistieron, con lo cual se hace muy difícil poder hablar de un tema que es netamente privado, cuando al titular no le interesa”. Si hay algo que el subsecretario ve con claridad es que el propietario de la empresa “no ha mostrado interés en recuperarla”.
Hace aproximadamente un mes, Moralejo asistió a una audiencia de conciliación de una cámara laboral de San Rafael vinculada a una obra social, por lo cual podría rematarse parte de la maquinaria de la empresa. Sin embargo, el hecho no ocurrió ya que –destacó– los jueces atinadamente no autorizaron el remate, pues esas máquinas “son el corazón de la industria”. “Vino el contador de la empresa y ofreció un plan de pago con un compromiso relativo, pero quien fue era un empleado, mientras del otro lado estaban funcionarios públicos y abogados patrocinantes de la obra social tratando de alcanzar una solución. Estaban todos menos los titulares de la empresa”, destacó.

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