En los últimos años, las muertes de mujeres víctimas de violencia de género se han vuelto alarmantemente frecuentes. Durante el 2024, aproximadamente 260 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas, una cifra que resuena con fuerza en toda la sociedad. Frente a este panorama, los derechos del colectivo LGBTIQ+ y de las mujeres parecen estar bajo amenaza, con discursos que apuntan a desmantelar figuras jurídicas claves, como el femicidio, y a desconocer la diversidad de género.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, la coordinadora de Mumalá Mendoza, Luisina Blanco, brindó una mirada crítica sobre las recientes declaraciones del presidente Milei y funcionarios del gobierno nacional. “La primera reacción tiene que ver con repudiar sus dichos”, expresó Blanco, refiriéndose al discurso del presidente en Davos y las palabras del ministro de Justicia, Cúneo Libarona, quienes pusieron en duda la constitucionalidad de la figura del femicidio. Según Blanco, esta postura refleja un alarmante desconocimiento de las leyes y tratados internacionales firmados por Argentina, que otorgan rango constitucional a los derechos de las mujeres y las diversidades.
“En nuestro país, a través de la reforma del 94, planteamos que los tratados internacionales tenían rango constitucional”, explicó Blanco, quien subrayó la importancia de visibilizar el femicidio como una figura que solo aplica cuando hay un contexto de violencia de género. A pesar de que el ministro Libarona cuestionó la aplicación del término, Blanco aclaró que esta figura no se refiere a cualquier homicidio de una mujer, sino a aquellos cometidos en el contexto de desigualdad entre géneros.
Al respecto, recordó el proceso que llevó a la modificación del artículo 80 del Código Penal en 2012, en el que se tuvo en cuenta la experiencia de otros países y la necesidad de dar un nombre a las muertes de mujeres a manos de hombres. “Los femicidios siguen siendo una deuda de los Estados, no solo en Argentina, sino en toda América Latina”, afirmó Blanco, quien también destacó la rapidez con la que la justicia actuó en el caso de Nahir Galarza, señalando que no se trató de un actuar ciego, sino de un proceso judicial que se desarrolló con celeridad.
Cuando se le preguntó por qué considera que el gobierno busca eliminar la figura de femicidio, Blanco no dudó en hacer una conexión con el pasado personal del ministro Libarona, quien fue denunciado por violencia de género por su ex mujer, la sanrafaelina Lourdes Di Natale, y el posterior fallecimiento de ésta en circunstancias dudosas. “Claramente hay un fuerte discurso de odio. La invisibilización de la lucha por los derechos de las mujeres y las diversidades parece ser una prioridad para este gobierno”, subrayó.
El debate no solo está centrado en las mujeres, sino también en el colectivo LGBTIQ+. Blanco mencionó que el discurso de odio también afecta a quienes no encajan en las categorías tradicionales de género y sexo. “El rechazo hacia la diversidad de género, la discriminación y la constante negación de los derechos LGBTIQ+ son alarmantes. Este gobierno parece estar alineado con tendencias internacionales que buscan eliminar los avances en derechos humanos y volver a políticas conservadoras”, indicó.
Según Blanco, las posturas del gobierno de Argentina se inscriben dentro de un contexto más amplio, donde varias potencias mundiales y grupos políticos de derecha promueven políticas regresivas respecto a los derechos de las mujeres y las diversidades. En este sentido, hizo referencia a los posicionamientos de figuras como el presidente Donald Trump y el partido Vox en España, quienes impulsan discursos similares.
“La lucha por la visibilidad de los derechos de las mujeres y las diversidades es una batalla cultural que se da en muchos países. No es solo un problema local, sino global. En Argentina, lamentablemente, vemos cómo se niegan avances fundamentales, como la igualdad de derechos para las diversidades y el reconocimiento pleno de las mujeres”, destacó Blanco.
La respuesta desde el colectivo: Marchas y movilizaciones
A pesar de los retrocesos discursivos y los intentos de coartar la libertad de expresión, el colectivo LGBTIQ+ y Ni Una Menos en Mendoza y otras partes del país se están organizando para resistir estos embates. Blanco mencionó que, después de una asamblea del colectivo LGBTIQ+ y otra de Ni Una Menos, se está gestando una marcha federal para visibilizar la lucha por la no violencia de género, el reconocimiento de los femicidios y la lucha por los derechos de las personas no binarias y el matrimonio igualitario.
A pesar de la creciente represión y amenazas de violencia, Luisina Blanco manifestó que el miedo no ha logrado silenciar la lucha: “El miedo un poco desaparece cuando el retroceso es tan grande. La visibilidad es crucial para que la lucha siga en pie, más allá de las amenazas o los intentos de deslegitimar nuestras voces”. La coordinadora también recordó que el bombardeo de discursos de odio en los medios y en las redes sociales contribuye a un clima de desinformación que inhibe a las personas de seguir luchando por sus derechos.
Por otro lado, Blanco mostró preocupación sobre el tema del control social que está adquiriendo relevancia en la sociedad argentina. En ese contexto, indicó que el incremento en la compra de armamento por parte del gobierno refleja una clara intención de reprimir las movilizaciones y protestas. “El retroceso en los derechos y la precarización de la vida de la mayoría de la población genera un ambiente de miedo. Pero más allá de eso, es necesario seguir adelante, resistir y no dejarnos amedrentar”, concluyó.
A pesar del panorama preocupante, Blanco y el colectivo siguen organizando y movilizándose para que los derechos de las mujeres y las diversidades sigan siendo una prioridad. “La lucha lejos de acabarse, sigue aún en pie”, concluyó con firmeza.
