La Argentina puso en marcha un nuevo régimen de regularización para armas de fuego no registradas o con documentación irregular. A través de la Ley 27.805, sancionada por el Congreso Nacional y publicada recientemente en el Boletín Oficial, los propietarios de este tipo de armamento tendrán la posibilidad de normalizar su situación legal ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) durante un plazo de 360 días.
La medida forma parte de una estrategia orientada a fortalecer los controles estatales sobre la tenencia de armas de fuego y, al mismo tiempo, ampliar las herramientas disponibles para reducir la cantidad de armamento que permanece fuera de los registros oficiales.
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En paralelo, la norma también extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, una política pública que promueve la entrega anónima y segura de estos materiales.
Qué establece la nueva ley de regularización de armas
La legislación permite que personas que poseen armas de uso civil o uso civil condicional sin registrar, o con registraciones incompletas o irregulares, puedan presentarse voluntariamente ante la ANMAC para iniciar el proceso de regularización.
Una vez iniciado el trámite, el organismo deberá realizar una serie de verificaciones técnicas, administrativas y registrales para determinar la situación del arma. Si las comprobaciones resultan satisfactorias, los datos del material y de su titular serán incorporados al Banco Nacional Informatizado de Datos, quedando formalmente registrados.
La ley también contempla beneficios para quienes adhieran al régimen. Entre ellos, la posibilidad de acceder a la exención de sanciones penales y administrativas relacionadas con la tenencia irregular del arma, siempre que no exista una causa judicial abierta al momento de comenzar el trámite.
Los requisitos para registrar un arma de fuego
El régimen establece una serie de condiciones obligatorias para acceder a la regularización:
- Presentarse voluntariamente ante la ANMAC dentro de los 360 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
- Declarar el arma de fuego o los repuestos principales que se encuentren sin registrar o con documentación irregular.
- Superar las verificaciones técnicas y registrales que realice el organismo.
- Obtener la condición de legítimo usuario si aún no se cuenta con ella.
- No presentar impedimentos técnicos o documentales graves que imposibiliten la inscripción.
- No tener una causa penal abierta por tenencia ilegal de armas al momento de iniciar el procedimiento.
- Recibir la información obligatoria sobre riesgos asociados a la tenencia y alternativas de entrega voluntaria.
La Agencia Nacional de Materiales Controlados será la autoridad encargada de implementar la norma y supervisar cada una de las etapas del proceso. Entre sus funciones se encuentra la obligación de informar a los solicitantes sobre los riesgos derivados de la posesión de armas de fuego y las opciones disponibles para quienes prefieran entregarlas de manera voluntaria.
Por otra parte, la legislación habilita al organismo a actuar cuando detecte situaciones que representen un riesgo para la seguridad pública. En caso de hallarse armas prohibidas, adulteradas o con faltantes documentales significativos, la ANMAC podrá impulsar procedimientos administrativos o judiciales para incautar el material.
La entrada en vigencia de la ley se producirá 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial, período durante el cual los organismos competentes deberán adecuar sus procedimientos y desarrollar campañas de difusión para informar a la población.
Desde el Estado sostienen que la iniciativa apunta a mejorar la trazabilidad del armamento en manos de particulares, fomentar la regularización voluntaria y reducir la cantidad de armas que permanecen fuera de los registros oficiales. La medida se enmarca además en los compromisos asumidos por la Argentina en materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia armada.
Con este nuevo esquema, las autoridades buscan incorporar al sistema formal miles de armas cuya situación registral es desconocida o irregular, fortaleciendo así los mecanismos de control y supervisión sobre el material de uso civil en todo el país.
Fuente: Canal 26
