Al menos 15 presos murieron y otros 21 sufrieron heridas en enfrentamientos entre bandas del narcotráfico producidos anoche en una penitenciaría de Ecuador, en lo que constituyó la octava matanza carcelaria desde febrero de 2021 en el país, con un acumulado de más de 400 muertos.
«Tuvimos un balance de 15 fallecidos y 21 heridos, tres de los cuales están críticos», expresó hoy el ministro del Interior, Juan Zapata, al canal estatal EcuadorTV.
La revuelta se produjo en la moderna cárcel de la localidad de Latacunga, en el centro andino y capital de la provincia de Cotopaxi, que aloja a unos 4.300 presos y es una de las más importantes del país.
Zapata precisó que la intervención de 350 policías y 250 militares permitió que «se tomara el control tanto de los pabellones de media y baja» peligrosidad de la prisión, que ya fue escenario de dos de las masacres ocurridas desde febrero de 2021.
Para restablecer el orden, Zapata dijo que «se pudo ingresar» a la cárcel con el apoyo del Ejército, algo que permiten las nuevas disposiciones en la ley que regula el uso de la fuerza para militares y policías, informó la agencia de noticias AFP.
El SNAI, el organismo estatal que administra las prisiones, y la Fiscalía General presentaron el mismo balance de víctimas luego del enfrentamiento entre reclusos miembros de organizaciones del narco, que sostienen una guerra por el poder.
«Luego de los enfrentamientos registrados en el CPL (Centro de Privación de Libertad) #Cotopaxi, 15 cadáveres de PPL (personas privadas de la libertad) se levantaron en el lugar», confirmó la Fiscalía por Twitter.
En una entrevista concedida anoche a un canal de televisión, el presidente Guillermo Lasso presentó «un mensaje de condolencia y de solidaridad con los familiares de aquellos que han muerto hoy en (la cárcel de) Cotopaxi».
La posible muerte de un jefe narco durante los enfrentamientos ha alertado a las autoridades, que temen que se produzcan nuevas revueltas en caso de confirmarse este deceso.
El subdirector del SNAI, Jorge Flores, dijo a la prensa que «de lo que podemos conocer, preliminarmente, el ciudadano Leandro Norero estaría entre las personas víctimas».
Norero, conocido con el alias de «El Patrón», fue arrestado en mayo pasado por el presunto delito de lavado de activos, en una operación en la que se decomisaron 6,4 millones de dólares, 24 lingotes de oro, armas de fuego y municiones.
Al parecer, el hombre con nexos con el narcotráfico y que afrontaba una orden de prisión en Perú pasó a ser uno de los jefes entre los reclusos.
«Respecto a la muerte del procesado #LeandroN., #FiscalíaEc informa que luego de las pericias de identificación correspondientes se podrá confirmar o no su deceso», apuntó la entidad acusadora.
Zapata, en tanto, manifestó su preocupación: «Esperemos que no» haya revueltas a causa de la eventual muerte de Norero.
Ahora «hay tranquilidad en las cárceles, pero hay que estar atentos porque puede generarse eso», advirtió.
Esta nueva masacre se produjo apenas dos días después que un equipo de expertos en derechos humanos de la ONU concluyera una visita en el país para evaluar la situación de las prisiones, en un contexto de grave crisis carcelaria, recurrentes motines y violencia.
Las cárceles ecuatorianas se han convertido en los últimos años en campos de batalla donde bandas vinculadas al narcotráfico se disputan el poder.
Esa guerra se extiende también a las calles de varias ciudades como el puerto de Guayaquil, en el suroeste, donde opera un gran complejo carcelario con unos 13.100 detenidos y en el que desde el año pasado se han dado las mayores masacres con cuerpos desmembrados y calcinados, que han pasado a figurar entre las principales de Latinoamérica.
Ecuador, con 18 millones de habitantes, decomisó el récord anual de 210 toneladas de droga en 2021, cuando la tasa de homicidios casi se duplicó al cerrar con 14 asesinatos por cada 100.000 personas.
La nación, localizada entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, ha incautado unas 150 toneladas de estupefacientes en lo que va de este año.
En agosto, el Gobierno inició un censo penitenciario con miras a mejorar las condiciones de vida ante el hacimiento en las prisiones.
