La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el jueves respaldar al gobierno del presidente peruano Pedro Castillo y enviar una misión para realizar un análisis «objetivo» frente a la crisis política que atraviesa el país: todo esto, en medio de las presiones de la oposición por destituirlo del poder.
La semana pasada, la Fiscalía denunció a Castillo ante el Parlamento, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y la suspensión del presidente, quien a la vez se considera víctima de una campaña para sacarlo del poder. Castillo tiene varias causas judiciales por corrupción en su contra. En este marco, el mandatario pidió ayuda a la OEA para superar la crisis política.
El respaldo fue aprobado por aclamación de una resolución que hace un llamado a todos los actores políticos de Perú para que sus acciones se «enmarquen en el respeto al estado de derecho», en reconocimiento de la Carta Democrática solicitada por el mandatario izquierdista Castillo.
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, César Landa, había sustentado previamente el pedido de respaldo de la OEA en un discurso por videoconferencia, alegando que el país andino «vive una grave crisis política que necesita ser superada».
El ministro de Asuntos Exteriores de Perú, César Landa (pantalla), habla durante la sesión del Consejo Permanente sobre la situación en Perú. Foto: Efe
Landa dijo que la misión «alto nivel» de la OEA tendrá «una apreciación plural y objetiva de la situación; ello podría permitir espacios de diálogo y conciliación dirigidos a preservar la gobernabilidad y la institucionalidad democrática en el Perú».
Denuncia contra Castillo
La decisión de la OEA ocurre más de una semana después de que la fiscal general de Perú presentara una denuncia constitucional contra el presidente Castillo, abriendo una nueva batalla legal que las fuerzas de la oposición buscan lleve a la destitución del líder izquierdista.
La denuncia fiscal contra Castillo, que niega todas las acusaciones, incluye investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y de dirigir una organización criminal.
La cancillería peruana dijo más temprano por Twitter que la aplicación de la Carta Democrática de la OEA «no cuenta con la capacidad de modificar ningún curso de los procedimientos contemplados en al marco constitucional peruano, ni los procesos de control y contrapeso entre los poderes del estado».
