Luego de la sanción exprés que obtuvo este martes en la Legislatura, la ley de emergencia en el servicio de anestesiología fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial, a través del Decreto 9391.
«Declárese la emergencia en la especialidad de anestesiología, en todos los servicios y/o unidades y/o divisiones y/o secciones de los establecimientos sanitarios del subsector público de la Provincia de Mendoza, por el plazo de ciento veinte (120) días«, con posibilidad de prórroga por otro período igual por única vez.
El objetivo de la norma impulsada por el gobierno es «asegurar a la población el acceso a los servicios de anestesiología de forma equitativa y oportuna».
Esta ley es aplicable a todos los anestesiólogos estatales, independientemente de su forma de contratación, incluidos los profesionales del Sistema Provincial de Residencias, explica el decreto.
El artículo 3, uno de los más cuestionados, quedó redactado de la siguiente manera: «Las renuncias de los profesionales que presten servicios y/o cumplan funciones en los servicios de anestesiología de los establecimientos de salud del subsector público, se harán efectivas una vez notificada su aceptación o transcurrido el plazo de ciento veinte (120) días corridos de presentada la misma«.
Durante este periodo, el profesional que haya presentado su renuncia deberá cumplir con las exigencias y necesidades de su servicio y/o funciones profesionales. En caso de incumplimiento, será de aplicación la sanción de suspensión en el ejercicio profesional de unmes a cinco años, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que pudieran corresponder, dice el texto.
El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes podrá convocar a ex residentes y/o ex jefes de residentes de la especialidad de anestesiología y/o a profesionales anestesiólogos que hayan prestado servicios en el Estado en los últimos cinco años, con el fin que presten servicios, incluidas las guardias -tanto de semana como de fines de semanas y/o feriados-, en los hospitales públicos, indica la ley.
Esta convocatoria tendrá carácter de carga pública y «en caso de no presentarse en la convocatoria realizada, sin justificación basada en fuerza mayor, será de aplicación lo establecido en el último párrafo del Artículo 3º de la presente Ley. Las horas trabajadas serán abonadas conforme a los valores establecidos en la normativa vigente».
En otro de los artículos de la ley se explica que la cartera sanitaria «podrá trasladar, reasignar funciones y/u horarios de los profesionales anestesiólogos a su cargo, a fin de asegurar los servicios esenciales de salud en todo el territorio provincial», y «los mayores costos serán soportados por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes».
A su vez, la norma faculta a dicha cartera a arbitrar los medios tendientes a implementar «la formación y capacitación en prácticas anestésicas de profesionales médicos y técnicos anestesistas, como así también la formación de los profesionales residentes en la especialidad de anestesiología».
Mientras la emergencia declarada esté en vigencia, se convocará a una Mesa de Diálogo con la participación de los sectores involucrados, debiendo además contar con representación legislativa en proporción a la composición parlamentaria de ambas cámaras, como pidió la oposición. Estas reuniones tendrán una periodicidad no menor a una reunión mensual.
Fuente: El Sol
