La portavoz presidencial Gabriela Cerruti aseguró que el acuerdo por 1,6 millón de pesos que donará el presidente Alberto Fernández fue para reparar un `error’ cometido al celebrar el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, durante la cuarentena.
La funcionaria se refirió al acuerdo que alcanzó esta semana el jefe de Estado en el marco de la causa en la que se lo imputó por violar la cuarentena.
Para Cerruti, «es una forma de resarcir algo que fue un error, que estuvo mal. Es una causa que está bien que termine de alguna manera, que el Presidente y la primera dama, Fabiola Yáñez, hayan acordado una compensación», aseguró la portavoz presidencial.
Cerruti se expresó de esta forma al contestar preguntas de los usuarios de Instagram a través de sus historias.
«En el caso del Presidente es un monto que equivale a comprar un respirador. Tanto el Presidente como la primera dama han reconocido en numerosísimas oportunidades que fue un error, que estuvo mal, y que de alguna manera hay que resarcirlo y este es el acuerdo al que han llegado con la Justicia», aseguró.
Esta semana, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez dictaminó a favor de conceder la `conciliación’ al Presidente y a la primera dama para cerrar la causa por violación de las medidas de contención contra el covid-19 que el mismo Fernández impulsó al celebrar un cumpleaños en la Quinta de Olivos cuando estaba expresamente prohibido durante la pandemia.
El representante del Ministerio Público dio su aprobación a la oferta de reparación del daño formulada por la pareja presidencial, que consiste en el pago de 1,6 millón de pesos por parte de Alberto Fernández y de 1,4 por parte de Yáñez.
El Presidente estuvo representado por el abogado Fernando Sgro, en tanto que la primera dama, por Juan Pablo Fioribello.
Los pagos deberán ser aplicados a instituciones hospitalarias dedicadas al combate contra el coronavirus y, una vez cumplidos los términos del acuerdo, tanto el mandatario como su pareja serán sobreseídos.
El acuerdo del fiscal es un paso indispensable para la resolución del expediente mediante uno de los mecanismos alternativos contemplados en el Código Procesal Penal.
Una vez que concuerdan la parte acusadora (en este caso, el fiscal) y la acusada, el juez sólo debe controlar que se hubieran respetado las garantías constitucionales y que no haya `arbitrariedad’, para luego homologar el acuerdo.
