A un mes de su promulgación, organizaciones venezolanas que trabajan por los derechos de los presos políticos pusieron en duda el impacto real de la Ley de Amnistía. Justicia, Encuentro y Perdón y Alerta Venezuela afirmaron que su aplicación genera una sensación de estabilidad que no se corresponde con la situación de fondo en el país.
En un informe, las ONG sostuvieron que la normativa busca instalar una idea de “borrón y cuenta nueva”, pero sin modificar las estructuras que sostienen la persecución. Según plantearon, las excarcelaciones puntuales no alcanzan para resolver una crisis que requiere cambios más profundos en el sistema judicial y político.
Cuestionamientos por impunidad y selectividad
Las organizaciones advirtieron que la ley puede derivar en una forma de impunidad que deje abierta la puerta a la repetición de hechos de violencia. También remarcaron que no es posible avanzar sin el reconocimiento pleno de las víctimas ni sin procesos judiciales genuinos.
Además, señalaron que el propio marco legal vigente permitiría aliviar situaciones como el hacinamiento carcelario si se aplicara correctamente. En ese sentido, indicaron que muchas herramientas previstas en el sistema son ignoradas de manera sistemática.
Otro de los puntos críticos fue la aplicación selectiva de la amnistía. Mencionaron casos en los que el beneficio fue negado, lo que, según afirmaron, demuestra que la norma no busca pacificar sino administrar la persecución de forma discrecional.
Desde el oficialismo, en cambio, destacaron que más de ocho mil personas recuperaron la libertad en el primer mes de vigencia de la ley y defendieron la medida como un aporte al reencuentro nacional. Sin embargo, las ONG cuestionaron la falta de transparencia, ya que no se difundió un listado completo de beneficiarios.
También señalaron que la ley abarca un período amplio, pero solo contempla determinados hechos, lo que consideran una muestra de su carácter excluyente. En paralelo, familiares de detenidos y activistas realizaron protestas para reclamar la liberación de presos políticos y la revisión de casos que quedaron fuera del alcance de la norma.
