El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que los 19 opositores presos a cinco meses de las elecciones no son «candidatos» ni «políticos» sino «criminales» que atentaron «contra la seguridad del país», al tratar de organizar un «golpe de Estado».
«Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento», dijo Ortega en una ceremonia oficial televisada anoche, en su primera reacción pública tras la ola de detenciones ordenadas por las autoridades desde principios de mes basada en una breve ley votada a fin de 2020 por el oficialismo en el Congreso.
Hasta ayer había 19 personas detenidas por «incitar a la injerencia extranjera» y «aplaudir sanciones» contra el Gobierno sandinista, entre ellos cinco aspirantes a la Presidencia, políticos, un banquero y hasta excamaradas de armas de Ortega del guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
«Que no vengan con el cuento de que son candidatos, aquí no hay ningún candidato inscripto, no ha llegado el tiempo para que haya candidato», aseguró Ortega, quien acusó a todos los detenidos de ser «agentes del imperio yanqui», que «conspiran contra Nicaragua, para derrocar al Gobierno».
«Están hablando en los medios de comunicación de la derecha que están detenidos precandidatos; si no eran (precandidatos) ni de su propio grupo, menos de una unidad (alianza) que nunca existió», agregó el mandatario, citado por la agencia de noticias AFP.
Las detenciones han incrementado la condena internacional contra el Gobierno, que fundamenta sus decisiones en aparentes intenciones de promover un golpe de Estado y pedir intervenciones militares extranjeras que tendrían aquellas personas que fueron aprehendidas.
Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció ante la OEA «una nueva fase de la represión» en Nicaragua, y pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el órgano judicial del bloque regional, proteger a cuatro opositores en «extrema situación de riesgo».
En medio de pedidos de la comunidad internacional para que libere a los detenidos, el gobernante aseguró que «no hay un paso atrás, solo hacia adelante».
Ortega, un exguerrillero que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el FSLN y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas.
Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en los comicios del 7 de noviembre.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en abril de 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
Para el Gobierno de Ortega, esas manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado auspiciado por Washington.
«No estamos juzgando a precandidatos, sino a criminales que han atentado contra el país, que están buscando cómo organizar otro 18 de abril (en alusión a las protestas de 2018), eso es lo que se esta investigando y se castigará tal y como lo mandan las leyes», sostuvo.
