El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE) excluyó de los comicios del 7 de noviembre próximo a la alianza que era la más sólida oposición al presidente Daniel Ortega, quien busca su quinto mandato de 5 años, cuarto de forma consecutiva, un objetivo que luce allanado tras quedarle como rivales 5 pequeños partidos tildados de «colaboracionistas» con el gobierno.
«La personería jurídica de Ciudadanos por la Libertad (CxL) ha sido cancelada», sentenció el secretario del CSE, Luis Luna, haciendo lugar así a una petición en tal sentido formulada horas antes por el derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), uno de los que compone el quinteto «amigo» del Ejecutivo. ¿Cuál fue el argumento usado para sacar de competencia a esta coalición que integran además un colectivo indígena y una organización cívica? Que su titular, Carmella Rogers, conocida como Kitty Monterey, «tiene doble ciudadanía -la otra es la estadounidense- en clara violación de la ley».
Esta alianza ya había perdido su candidata a vice, Berenice Quezada, ex Miss Nicaragua 2017 y cuya casa fue rodeada por policías el martes pasado luego de que un grupo de militantes oficialistas la acusara de realizar un «llamamiento implícito al odio y la violencia». Desde entonces, la dirigente permanece bajo arresto domiciliario.
SIN RIVALES
Otros dos partidos ya fueron eliminados de la contienda cívica: el Conservador y Restauración Democrática, mientras que al menos 31 referentes opositores, entre ellos 7 aspirantes a la Jefatura de Estado, han caído presos desde junio, en su mayoría por el «delito» de «traición» a la patria. En esa nómina figura Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta y que aparecía en las encuestas como la principal adversaria de Ortega.
En este convulsionado contexto, el postulante a la primera magistratura por el PLC, el empresario Milton Arcia, acabó bajándose de la pelea porque lo «asusta» que está pasando» y en desacuerdo además con la solicitud de su partido para sacar del juego a CxL.
SANCIONES
Estados Unidos le retiró las visas a 50 funcionarios de la administración Ortega y el Capitolio aprobó la ley Renacer, que prevé monitorear y accionar sobre la corrupción del gobierno sandinista, sancionar a los «actores clave del régimen» e incrementar las tareas de inteligencia «sobre la injerencia de Rusia» en la nación centroamericana.
