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martes 23, de abril , 2024

Otro escándalo complica al comisario federal: faltan millones de pesos de secuestros

Los allanamientos de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) por sospechas de corrupción en la cúpula de la Policía Federal de Mendoza provocaron un cimbronazo en la estructura de la institución en esta jurisdicción.

Caras largas y preocupación entre los altos mandos y un objetivo de intentar levantar una imagen que quedó por el piso. Todo potenciado por la detención del máximo referente local, comisario Dino Rossignoli, sospechado de cobrar coimas en dólares para evitar investigar las cuevas de cambio de divisas que funcionaban en joyerías y bares del microcentro y crecieron desde los primeros meses del 2020 con el avance de la pandemia por coronavirus.

La pesquisa de la PCN fue tan contundente con respecto a pruebas que no hubo dudas a la hora de ordenar las medidas masivas para intentar desarticular una organización que contaba con una estructura delictiva definida.

El resultado de los procedimientos generó cambios inmediatos en el edificio de la base de Perú 1049, de Ciudad, por pedido del responsable regional de la Federal, Fabricio Britos, quien ordenó una auditoría interna para conocer si hubo otras irregularidades además de la sospecha de cobro de sobornos.

De acuerdo con fuentes policiales y sobre la base de la acusación que recayó sobre Rossignoli, la reacción apuntó directamente al manejo del dinero proveniente de secuestros por parte del uniformado que se encuentra desde hace casi una semana privado de la libertad.

El resultado fue sorprendente y dejó en evidencia que los números que manejaba no cerraron con respecto a millones de pesos que provenían de allanamientos realizados en los últimos dos años por la fuerza de seguridad que comandaba, lo que complicó la situación y originó una nueva denuncia en su contra.

De acuerdo con fuentes judiciales y policiales, en pocas horas, el resultado de la inspección arrojó que faltaban 2.300.000 pesos que habían sido incautados en una causa por comercialización y distribución de zapatillas truchas el 17 de diciembre del 2020.

Esa jornada hubo allanamientos en persas de Ciudad y en una casa del barrio privado Solares de Guariento, sobre calle Cochabamba, de Guaymallén, de los dos responsables de la venta, un hombre y una mujer que eran pareja. Dieron con 3.000 pares de zapatillas de marcas apócrifas y millones de pesos en la citada propiedad, tal como reveló El Sol en su momento.

Revisaron los libros internos y el dinero secuestrado durante los procedimientos nunca fue depositado en el Banco Nación luego de permanecer en custodia algunas horas, como se acostumbra y deben hacer los encargados de desarrollar procedimientos de estas características.

Como los números estuvieron lejos de cerrar y no se encontraron los comprobantes del depósito correspondiente, Britos ordenó al subcomisario Gastón Gabriel Gervasoni –quien estuvo algunas horas a cargo de la Unidad Operativa Federal y luego le cambiaron el destino a Villa Mercedes, San Luis– informar de la situación a la Justicia federal.

El policía permaneció declarando más de una hora en el edificio de calles Pedro Molina y 9 de Julio. Esto provocó el inicio a una nueva causa en contra de Rossignoli, quien deberá responder por el faltante del dinero incautado en el 2020.

Para las fuentes consultadas, la no justificación del faltante podría generarle otro serio dolor de cabeza al comisario cuestionado y hablaron, literalmente, de una acción dolosa “porque la plata no está en ningún lado”.

Al mismo tiempo, también se realizaron auditorías en los lugares donde sólo Rossignoli tenía llave o acceso y observaron otras situaciones anormales con secuestros de estupefacientes y de vehículo que iban a ser informadas en las próximas horas.

En total, nueve detenidos y tres prófugos

El comisario Rossignoli es uno de los nueve detenidos que tiene, de acuerdo con la calificación endilgada por el titular del Juzgado Federal Nº3 de Mendoza, Marcelo Garnica, la asociación ilícita.

También está sospechado por cohecho pasivo (cobro de coimas). Existen pruebas directas que lo complican con estas acusaciones: los policías de la PCN, cuando realizaron las primeras 22 medidas contra la actividad ilegal en las joyerías –Stefano Cannella y Vía Roma– y bares del centro, secuestraron los libros de cada sucursal.

Cada movimiento de dinero era anotado por el joven Nicolás Bazán (25), marcado como uno de los máximos responsables de la banda. Allí detectaron que había anotaciones de pagos al jefe de la fuerza federal en la provincia.

También analizaron teléfonos celulares y confirmaron que había encuentros personales y una relación “casi de amistad” entre Bazán y Rossignoli.

Hay un policía retirado detenido –Marcelo Negro Salcedo– y otro prófugo –identificado como el comisario inspector Ángel Alberto Fava, separado de la fuerza mientras era jefe departamental de Las Heras, a fines del 2015, por el gobernador Alfredo Cornejo–. Ambos fueron jefes de seguridad de las cuevas.

Nicolás Bazán, Juan Moral y Renzo González.

En el caso de Fava, además, le habría avisado a Bazán sobre los allanamientos, por sus contactos en la fuerza. Una contadora y hasta los señalados jefes de la organización que pagaban los sobornos para continuar con la actividad ilegal sin ser molestados por los investigadores federales, el citado Bazán –y su padre, Ernesto– y su socio Renzo González (27), también permanecen tras las rejas.

En los primeros operativos, la PCN secuestró 4.100.000 pesos, casi 50.000 dólares, 7.480 euros, 19 máquinas de contar dinero, dos armas de fuego, 21 cartuchos calibre 9mm, 41 equipos electrónicos, 11 equipos informáticos, 4 balanzas, 100 gramos de cannabis, 6 plantas de cannabis sativa, 2 dosis de MDMA (éxtasis) y 4 cartuchos vaporizadores de tetrahidrocannabinol (THC).

Los segundos, del miércoles 14, también fueron positivos: hubo cinco detenciones y secuestro de vehículos de alta gama, como una camioneta y dos BWM que serían de los dueños de las joyerías que hacían de pantalla para las cuevas.

Lo más sorprende fue lo que encontraron en el despacho de Rossignoli: tenía 21.560 dólares en una caja de seguridad, además de 31.020 pesos, dos teléfonos celulares, tres relojes y dos pulseras que iban a ser analizados para intentar determinar si provenían de las joyerías de Nicolás Bazán.

Fuente y fotos: Gentileza El Sol

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