Luego de Impsa, otra de las empresas emblemáticas de Mendoza realizó este jueves un pedido de apertura de concurso preventivo de acreedores para evitar irse a la quiebra. Se trata de Cartellone SA, que informó este jueves sobre la presentación en un tribunal provincial para reestructurar su deuda debido a la baja de contratos de la obra pública. La firma aclaró, además, que sólo involucra a la constructora y garantizó el cumplimiento de los contratos en la provincia, entre ellos, la construcción de la ruta 7 Variante Palmira y la plata depuradora en Paramillos.
En el comunicado, la empresa familiar con más de 100 años de existencia explicó que «el objetivo que busca la constructora es poder reorganizar sus pasivos luego de la baja de contratos de participación público-privada«.
Detallaron que se tata de «litigios que no se han solucionado en obras ejecutadas en Bolivia y los efectos que la pandemia ha generado en el desarrollo del negocio». En el primer caso, fuentes de la empresa explicaron a El Sol que los problemas contractuales con el Gobierno boliviano tienen que ver con diversas obras viales, donde el Ejecutivo de ese país le discute a la firma provincial la garantía de ejecución de contrato. Ahí, según pudo saberse, hay en juego unos US$ 15 millones de garantía y la situación se dirime en los tribunales de Bolivia.
«El gobierno -de Bolivia- actuó con ligereza y no lo hemos consentido», señalaron desde la empresa.
Pero además la pandemia alteró los compromisos contractuales no sólo en Argentina, sino también en países como El Salvador, donde hay varias obras paralizadas, explicaron desde Cartellone. En este sentido, apuntaron que no sólo se dificultó la posibilidad de obtener nuevos contratos, sino que disminuyó el ritmo de lo que ya estaba en ejecución, lo que a la postre repercutió la facturación de la compañía.
Entre otros problemas, aseguraron que hay un «ahogo financiero», y que a su vez «las altas tasas de interés» hacen que no se pueda hacer frente a los compromisos.
Por otro lado, sostuvieron que «la presentación en concurso busca la reorganización de pasivos y en consecuencia asegurar el normal desarrollo de los proyectos y el mantenimiento de las fuentes de trabajo que alcanzan a más de 5.000 familias».
De esta manera, aclararon a El Sol que no buscan un salvataje por parte del Estado, tal como sucedió con Impsa, sino que quieren sentarse con los acreedores para acordar un plan de pagos.
Así, Cartellone entra en el proceso que busca evitar el default, pero además buscan deslindar responsabilidades ya que sostienen que se trata de causas externas. «Las causas de tan difícil decisión la encontramos en la necesidad de resolver cuanto antes la compleja situación creada, esencialmente por razones ajenas al manejo empresario, que obligan al Directorio de la Sociedad a priorizar la aplicación de sus recursos al mantenimiento de la empresa en marcha, acudiendo a este remedio legal del concurso preventivo», agregaron.
La firma garantiza las obras en Mendoza
En este momento, la constructora se encuentra ejecutando unas 15 obras, tanto en el país como en el exterior y, aclararon, «se encuentra trabajando comercialmente dentro de la Argentina y en Perú, Brasil, Colombia y Centro América».
En Mendoza, la empresa constructura tiene a su cargo fuertes contratos, entre ellos, la Ruta 7 Variante Palmira, el Complejo Carcelario Almafuerte II, Colector Boedo Ponce -San Martín- y la Planta depuradora Paramillos, que seguirán en ejecución.
«La variante Palmira no tendrá ningún inconveniente», prometieron desde Cartellone en diálogo con El Sol. En abril, la constructora se vio obligada a paralizar la obra transitoriamente. La obra de 35 kilómetros tiene proyectada una inversión por $5.962 millones, con financiamiento nacional, y está a un 50% de ejecución.
En el caso de la planta depuradora de Paramillos, para ampliar y mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales, se trata de un contrato por $682 millones y que se reactivó en noviembre luego del parate obligado por la pandemia. La otra obra cloacal es la del colector Boedo, por217 millones. En ambos casos, se ejecutan con financiamiento nacional.
El único proyecto financiado por la provincia es la del complejo penitenciario en Campo Cacheuta, que estaba al 82% de avance de obra en mayo. Según indicaron desde el Ministerio de Infraestructura, la Provincia tiene un contrato con Cartellone por $1.200 millones.
Los cuadernos K
La situación de Cartellone tiene algunas similitudes con la ex Pescarmona. La metalmecánica ubicada en la misma arteria -Rodríguez Peña- recientemente logró un salvataje financiero por parte de la Nación y de la Provincia para poder reestructurar su deuda. La crisis de Impsa deviene, a su vez, de contratos que no pudieron cumplirse en el exterior, entre ellos, Venezuela, por lo que tuvo que solicitar en los últimos años el auxilio estatal.
Pero además, tanto Cartellone como Impsa han estado involucradas en el escándalo de los llamados «cuadernos K«, la investigación sobre presuntos sobornos en la obra pública por parte de empresarios de la construcción y ex funcionarios kirchneristas y a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, tres miembros de la familia fueron procesados por la Justicia, José Gerardo, María Rosa y Gerardo.
No fue el único conflicto que tuvieron que enfrentar. También hubo litigios intrafamiliares. «En el Grupo Cartellone se han sucedido varios cambios durante el último tiempo, pasando inclusive por disputas familiares que ya han sido solucionadas. En estos momentos el Grupo es liderado por la cuarta generación de la familia Cartellone», resaltaron en el mismo comunicado.
Efectivamente, la empresa tuvo su interventor co-administrador, el contador Lucas Gil Daziano, a partir de una resolución judicial.
Así, finalizan: «La Compañía ha sorteado con éxito grandes crisis a lo largo de su vida centenaria».
En su sitio web, la firma detalla la diversidad de áreas en las que aplica: «Especializada en obras hidroenergéticas, líneas de transmisión eléctrica, acueductos, obras para riego, caminos, puentes, túneles, proyectos para la industria petrolera, minera y portuaria».
Fuente: El Sol
