PAMI: una cadena de pagos rota y una deuda con toda la sociedad
La crisis que atraviesa el PAMI ha dejado de ser una luz de alerta para convertirse en un incendio que amenaza con desmantelar la red de salud en todo el país. Lo que comenzó como un reclamo por el atraso en los pagos a las farmacias ha escalado hacia un escenario mucho más sombrío donde las clínicas y los sanatorios privados también denuncian una asfixia financiera insostenible. Según los números que maneja el Colegio Farmacéutico de Mendoza, la obra social de los jubilados debe 12 mil millones de pesos.
El esquema de deudas acumuladas y valores que corren muy por detrás de la inflación ha generado una distorsión terminal. Los prestadores de salud locales se encuentran en una encrucijada donde los costos de los insumos y los salarios profesionales deben pagarse al día mientras que PAMI estira los plazos de cancelación de manera discrecional. Este desfasaje no es gratuito. Se traduce de forma inmediata en la suspensión de turnos, en la postergación de cirugías programadas y en una degradación de la atención que el jubilado percibe con angustia cada vez que necesita hacer uso de su cobertura.
Resulta evidente que el sistema de salud no puede funcionar bajo la lógica de la buena voluntad de sus actores. Las clínicas y las farmacias no son entidades aisladas sino estructuras complejas que requieren previsibilidad para garantizar la atención a los pacientes. Cuando el PAMI incumple sus obligaciones financieras está descargando su ineficiencia administrativa o su intención de desfinanciación sobre el sector privado y, lo más grave, sobre la espalda de los adultos mayores quienes ven cómo su derecho a la salud se diluye en un mar de expedientes trabados.
La gravedad del cuadro actual exige que las autoridades nacionales dejen de mirar hacia otro lado y asuman que la salud de millones de argentinos no puede ser una variable de ajuste fiscal. No se trata solo de una cuestión contable entre el Estado y las empresas prestadoras. Es una cuestión de ética pública. El desabastecimiento de medicamentos y la falta de atención en los sanatorios son dos caras de la misma moneda: la de una gestión que parece haber olvidado que detrás de cada factura impaga hay un ciudadano cuya vida depende de esa prestación.
La resolución de esta crisis prestacional debe ser una prioridad absoluta antes de que el daño sea irreversible. No podemos permitirnos el lujo de ver cómo la infraestructura sanitaria se debilita por la inoperancia de un organismo que decide con la única lógica del ajuste. Garantizar el flujo de fondos para medicamentos y servicios médicos es el mínimo acto de justicia que se le debe a quienes aportaron toda su vida para tener una vejez con dignidad.