El Fiscal de Estado, Fernando Simón, ponderó el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el río Atuel como un «triunfo» para Mendoza.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves un histórico conflicto entre Mendoza y La Pampa por la distribución de agua del río Atuel y determinó que se debe garantizar un 3,2 m3/s a la vecina provincia, lo que será posible, con una serie de obras de infraestructura, entre ellas el trasvase del río Grande, donde se proyecta la presa Portezuelo del Viento.
Simón remarcó que la decisión de la Corte fue “medida” y que si bien se tuvo muy en cuenta la remediación ambiental para La Pampa, “esto de ninguna manera significaba hacerlo en detrimento del oasis existente en la Provincia”.
Para lo que viene, el funcionario detalló que habrá que consensuar un plan de obras de permeabilización de caudales, con el objetivo que se pueda cumplir con lo dispuesto por la Justicia.
“Nosotros aceptamos las obras que indicó Nación, que además de las impermeabilizaciones, también se proponen hacer perforaciones para entregar más agua. Ahora, nos tenemos que poner de acuerdo en qué es lo que se va a hacer y cómo se va a financiar», evaluó el funcionario que llevó adelante las gestiones en representación del Estado mendocino.
Por otro lado, indicó que en una planificación de distintas obras, también figura el trasvase del río Grande, que es donde se proyecta la construcción de Portezuelo del Viento.
El máximo tribunal de la Nación ordenó que las provincias arriben a un acuerdo en el plazo de 90 días para que se inicie la ejecución de los trabajos.
El conflicto
La disputa entre Mendoza y La Pampa puede circunscribirse en dos momentos puntuales, en donde la Justicia arbitró.
El primero, se remonta a 1979 cuando la vecina provincia inició un reclamo, a consecuencia la construcción del Embalse El Nihuil en San Rafael que se abastecía de las aguas del Atuel para la generación eléctrica.
El pleito derivó en un falló de la Corte Suprema de Justicia, en el año 1987, en el cual se reconoció el derecho de Mendoza sobre los usos de agua hasta 75.671 hectáreas y una vez que se satisficiera esta necesidad, el resto del caudal debería asegurarse a los pampeanos.
Sin embargo, esta disposición no se pudo materializar por las crisis hídricas que aquejan a la Provincia.
Más tarde, en 2014 el Gobierno de La Pampa volvió a reclamar por el uso de las aguas, sumando el agravante del daño ambiental al ecosistema ante la escasez del recurso hídrico.
En seis años, Mendoza ha defendido sus intereses, tanto en las gestiones del gobernador Francisco Pérez, como de Alfredo Cornejo.
Fuente: El Sol
