El ex presidente Mauricio Macri negó haber enviado munición «letal» a Bolivia para reprimir las protestas sociales que se dieron en el país andino en noviembre de 2019 contra el gobierno de Evo Morales, y denunció una «persecución» en contra de su familia y sus colaboradores por parte del actual Gobierno argentino.
En una entrevista con la agencia EFE en Madrid, Macri calificó de «disparate» la acusación del gobierno boliviano de haber apoyado un golpe de Estado contra Morales, por supuestamente haber enviado gente a custodiar la embajada argentina en La Paz «con material antidisturbios, no bélico».
«La Unión Europea no acepta que fue un golpe de Estado, la Argentina, en mi gobierno, tampoco aceptó que lo fuera, pero el actual gobierno (de Alberto Fernández) sí, porque pertenece al Grupo de Puebla que ve la realidad desde un lugar bastante particular, y repito, los materiales de los que se están hablando son antidisturbios, no material bélico», subrayó el ex mandatario.
El Ejecutivo boliviano acusó el jueves al gobierno de Macri de haber enviado en noviembre de 2019 a Bolivia «munición letal» para «reprimir» las protestas. El canciller boliviano, Rogelio Mayta, difundió en una rueda de prensa una carta del general Gonzalo Terceros, hasta entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), dirigida al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Alvarez.
FIRMA FALSA
En la nota, Terceros agradece a Alvarez por la colaboración prestada a la FAB «en el marco del apoyo internacional» bilateral y le detalla una serie de suministros de «material bélico de agentes químicos» que incluyen 40.000 cartuchos AT 12/70 que son balas de goma, además de una serie de gases lacrimógenos y granadas de gas.
Pero horas más tarde, tanto Terceros como Alvarez negaron la nota y encima el general boliviano denunció que su firma que aparece en la carta es falsa.
«Yo para esa época ya había perdido la elección, así que fue hecho en coordinación con el gobierno que entraba y hay mensajes de texto y WhatsApp que muestran esto. Además quedó claro que se informó de que un Hércules viajó ya con Morales fuera del poder, en el proceso del Congreso a designar una presidencia interina para defender la embajada argentina en Bolivia, donde además había varios funcionarios de Morales asilados», indicó Macri.
ACOSO JUDICIAL
Afirmó además que en las siguientes horas a la denuncia del Gobierno boliviano se ha conocido a través de abogado del «supuesto brigadier que firmó la carta que le falsificaron la firma, que esa carta no existió, nuestro embajador en Bolivia dice que esa carta nunca existió con lo cual parece todo bastante poco serio».
Según Macri, todo esto forma parte de una campaña de persecución por parte del Ejecutivo argentino: «Han sido mucho los ataques, eso muestra que están en una situación de debilidad y preocupados por el resultado electoral seguramente negativo que van a tener en noviembre, que tenemos elecciones de medio término para elegir nuevos miembros del Congreso».
Entre esas supuestas persecuciones denunció «causas judiciales, denuncias sin fundamento, agencias del Estado en inspecciones sobre actividades mías propias, mis socios, y hace pocos días decretaron la quiebra sobre una empresa de mi familia (Correo Argentino) en la que yo no participo, sino mis hermanos, a pesar de que había una oferta para pagar el 100% de la deuda, igual manipularon a la justicia, la jueza rechazó la oferta y mandaron a la quiebra a la sociedad», finalizó.
NO DAN LOS NUMEROS
El Ministerio de Seguridad difundió un informe preliminar sobre el presunto envío de armamento policial a Bolivia durante la destitución de Evo Morales en 2019 y advirtió que «hay diferencias» entre lo enviado y declarado por la Argentina y lo registrado por la Policía boliviana.
La cartera que conduce la antropóloga Sabina Frederic indicó que el 11 de noviembre de 2019 la Dirección de Logística de la Gendarmería «solicitó que se autorice el uso del material y equipamiento por parte del personal de la Agrupación Fuerzas Especiales Alacran en el territorio de la República de Bolivia» con el objetivo de proteger la Embajada argentina en La Paz.
De acuerdo al informe preliminar, y con el visto bueno de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) ese mismo día se autorizó el envío de «10 pistolas semiautomáticas; 2 escopetas de repetición; 5 carabinas automáticas; 2 ametralladoras; 2 fusiles de repetición; 12 chalecos antibalas; 12 cascos balísticos; 2 escudos balísticos; 2 visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3.600 eran calibre 12-70», así como también se «habilitó el traslado de once miembros de la GNA»: todo ello con la finalidad de resguardar al embajador Normando Alvarez García.
Al día siguiente «se solicitó y autorizó ampliar a 70.000 cartuchos antitumultos marca Fabricaciones Militares y 100 spray de gas pimienta» y «se amplió la autorización para el envío de 661 granadas de mano de gas hostigamiento», añadió el texto difundido por la cartera policial.
«El 20 de enero de 2020 la Policía Boliviana presenta dos informes a la embajada argentina en Bolivia (a su solicitud) elaborados por la Policía Boliviana los días 12 y 28 de noviembre de 2019», precisó el Ministerio de Seguridad, que en ese punto advirtió: «Encontramos diferencias entre lo pedido y lo registrado por la Policía boliviana en el informe». Y alertó que «no figuran granadas de mano ni spray antitumulto, que si están en lo enviado por la Argentina». Y puntualizó: «En lo enviado por la Argentina figuran 70 mil cartuchos antidisturbios y la Policía Boliviana registra apenas 1.350 cartuchos».
Ante los hechos, la presunción de las autoridades argentinas es que las fuerzas de seguridad bolivianas se quedaron con parte del material que la Argentina registró y envió al país vecino.
