Las universidades públicas de todo el país han convocado a un paro de 48 horas para los días 17 y 18 de marzo. La medida busca visibilizar el reclamo por la recomposición salarial y la falta de presupuesto. Emiliano Diez, secretario general de FADIUNC, detalló a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 la situación de la Universidad Nacional de Cuyo en este contexto.
“Es una convocatoria nacional en unidad con todos los gremios docentes y no docentes de las universidades. La medida incluye un paro sin asistencia a los lugares de trabajo y acciones de visibilización”, explicó Diez. Además, remarcó que el reclamo se centra en la imposición de aumentos salariales insuficientes: “Nos otorgaron unilateralmente 1,5% en enero y 1,2% en febrero, sin que se hayan reabierto las paritarias desde septiembre del año pasado”.
El dirigente sindical indicó que la elección de los días 17 y 18 de marzo responde a la dificultad de establecer una fecha unificada para todas las universidades, ya que cada una tiene su propio calendario académico. “Es una manera de expresar que en estas condiciones no se puede iniciar el ciclo lectivo”, señaló.
Según Díez, la adhesión a la medida será generalizada, ya que fue convocada por todas las federaciones gremiales del sector, incluyendo Conadu Histórica, Conadu, Fedun, Fatun, UDA y Ctera. “Hablamos de más de 60 universidades que irán de manera coordinada y en unidad a esta medida de fuerza en defensa de la educación pública”, afirmó.
El paro implicará la suspensión de clases y actividades académicas, aunque aún se está definiendo la modalidad de protesta y las acciones de visibilización. “El lunes realizaremos una asamblea para establecer el formato y definir un mandato para el congreso nacional del día 12, donde se evaluará la continuidad del plan de lucha en caso de no obtener una respuesta favorable”, adelantó Diez.
El principal reclamo es la recomposición salarial, dado que la inflación interanual fue del 175%, mientras que los salarios universitarios solo aumentaron un 75%. “Esto genera un retraso del 100% y también impacta en los fondos destinados al funcionamiento de las universidades, afectando becas, comedores y la posibilidad de continuar con el dictado de carreras”, alertó el dirigente.
En cuanto al presupuesto, Díez denunció que el Gobierno nacional mantiene los mismos montos del año pasado, sin actualización alguna, lo que genera una situación límite. “Seguimos trabajando con el presupuesto votado en 2022 para el año 2023, lo que claramente está desfasado de la realidad actual. A esto se suma el veto a la ley de financiamiento universitario, lo que agrava aún más la crisis”, señaló.
Entre las principales dificultades que enfrentan las universidades, mencionó la imposibilidad de pagar servicios como luz y gas, la falta de fondos para subsidios de investigación y la reducción de proyectos de extensión. “El 90% del presupuesto universitario se destina a salarios, por lo que también se ven afectados los docentes, muchos de los cuales renuncian porque no pueden seguir trabajando en estas condiciones”, advirtió.
Finalmente, Diez indicó que las universidades no cuentan con subsidios para afrontar los costos de servicios básicos, lo que obliga a reasignar fondos que deberían destinarse a sueldos y otros gastos esenciales. “Se están haciendo ajustes y malabares que afectan la calidad educativa y las condiciones laborales de los docentes”, concluyó.
