El debate histórico sobre la coparticipación federal de impuestos en la Argentina volvió a posicionarse como el eje central de las tensiones entre la Nación y las provincias. El reparto de la masa tributaria, marcado por severas asimetrías de desarrollo y un esquema de distribución discrecional, mantiene en franca desventaja a jurisdicciones con sectores privados pujantes. En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos (94.5), el economista, abogado, consultor y asesor financiero argentino Pablo Ariel Das Neves analizó las fallas estructurales del modelo fiscal, detalló el impacto del traspaso no financiado de los servicios esenciales de salud, educación y seguridad a las provincias en la década de 1990, denunció las distorsiones que genera la exclusión de las rentas del comercio exterior en la coparticipación primaria y ubicó a Mendoza entre los distritos que menos recursos reciben por habitante a nivel nacional.
El «pecado original» de la coparticipación y el traspaso de gastos sin recursos
Das Neves explicó que la controversia en torno al federalismo fiscal parte de un vicio de origen dentro de la estructura tributaria del país: la decisión de considerar las rentas del comercio exterior —tales como derechos de exportación e importación, aranceles aduaneros y tasas portuarias— como tributos de apropiación exclusiva del Estado nacional, excluyéndolos de la masa coparticipable. «El tema de la coparticipación parte de un pecado original, que es determinar que algunos tributos son puramente rentas nacionales que no deben coparticiparse, mientras que muchos de los gastos principales recaen en las provincias. En el análisis presupuestario siempre se debe imputar el gasto con el origen de los ingresos», aclaró de entrada.
«Según la propia Constitución, las provincias conservan para sí todas sus facultades primarias, delegando en el gobierno nacional la defensa común y el manejo de las relaciones internacionales. Sin embargo, en la década del 90 se hizo un traspaso a las provincias de todos los servicios de educación y salud, sumados a la seguridad de la que ya se hacían cargo. Estamos hablando de los tres servicios básicos que presta el Estado», precisó.
«Ese traspaso no se hizo con la masa salarial ni con los recursos correspondientes. La Nación le pasó a las provincias el gasto sin hacerse cargo de transferir los recursos. Esto se suma a que las rentas del comercio exterior, de aduana y de puertos son recaudadas en forma exclusiva por la Nación y no se coparticipan», continuó exponiendo.
Discusión primaria versus secundaria: la postergación de Mendoza en el reparto por habitante
El consultor financiero enfatizó que la mayor parte del debate político suele focalizarse en la llamada «coparticipación secundaria» —es decir, la alícuota porcentual que se disputan las provincias entre sí—, a la cual calificó como una «discusión de pobres» que no resuelve el nudo gordiano del problema. Para Das Neves, la clave reside en rediscutir la «coparticipación primaria». «La discusión muchas veces pasa por la coparticipación secundaria, es decir, qué alícuota recibe cada provincia. Se termina discutiendo si una provincia recibe más o menos que otra, lo cual es una discusión de pobres, y no se discute la coparticipación primaria, que es la que indica qué tributos van al Estado nacional y cuáles son coparticipables», diferenció.
«El problema en la Argentina es bastante profundo y tiene una complejidad normativa que afecta seriamente al federalismo. Aunque hay medidas puntuales que se pueden tomar de inmediato, como la coparticipación del impuesto al cheque, los problemas estructurales subsisten», aseguró.
«Uno de los indicadores más utilizados es la coparticipación por habitante. En el caso de Mendoza, es una de las jurisdicciones que menos recibe por habitante. Analizando los valores al mes de septiembre, quedó en el puesto número 22 sobre 24 jurisdicciones, un nivel realmente muy bajo para una provincia que tiene un sector privado tan pujante», resaltó.
«En el otro extremo, estudios del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) mostraron en su momento que CABA percibía solo el 11 % de lo que aportaba, mientras que provincias como Catamarca recibían más del 400 % de su aporte. En esos casos, el boom de la minería o la exportación de combustibles de provincias como Neuquén genera tributos de exportación que van directo a la Nación y no se computan como coparticipables en el cálculo tradicional», agregó.
Propuesta de reforma: tres ejes objetivos para un federalismo de gestión y equilibrio fiscal
Frente a la dificultad técnica y política de lograr el consenso unánime de las 24 jurisdicciones que exige la Constitución para modificar la Ley Convenio de Coparticipación vigente, Das Neves planteó la necesidad de estructurar un nuevo sistema de reparto automático guiado por criterios objetivos de equidad y eficiencia fiscal, erradicando definitivamente el uso del impuesto al cheque y la sumisión política asociada a las transferencias discrecionales. «Para buscar una solución ideal, lo primero que habría que trabajar es la coparticipación primaria, determinando qué tributos deben ser coparticipables. Incluir el comercio exterior agrandaría de manera considerable la torta a distribuir entre las provincias», afirmó.
«Modificar la alícuota de la coparticipación secundaria exige poner de acuerdo a las 24 provincias a través de una ley convenio, lo cual es sumamente difícil porque en ese acuerdo algunas van a recibir menos. Por eso, la alternativa es modificar el sistema introduciendo criterios objetivos», planteó.
«Nosotros presentamos en su momento una propuesta para distribuir la coparticipación según tres ejes. Un porcentaje, por ejemplo un 30 %, destinado a cubrir las asimetrías de desarrollo e infraestructura crítica de las provincias que más lo necesitan; otro porcentaje vinculado estrictamente a la cantidad de habitantes; y un tercer tramo que premie a las provincias mediante un índice de responsabilidad fiscal por tener las cuentas ordenadas», subrayó.
«Hoy se da la paradoja de que tenemos provincias ordenadas fiscalmente y con un sector privado pujante que reciben menos, mientras que distritos sin ningún incentivo para ordenar sus cuentas continúan percibiendo transferencias elevadas. Una norma fiscal sana implicaría que cada provincia financie sus recursos en tercios. Un tercio de coparticipación, un tercio de impuestos internos y un tercio de regalías por sus recursos naturales», señaló.
«El sistema actual termina resolviéndose de la peor manera y mediante transferencias discrecionales negociadas en Buenos Aires, donde los gobernadores terminan viajando a humillarse para pedir fondos para pagar sueldos. Un verdadero federalismo exige que las provincias sean autónomas, tengan incentivos para potenciar a su sector privado y mantengan la gestión ordenada», aseveró al terminar la entrevista.
