En su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei anunció que el gobierno nacional enviará un proyecto de ley al Congreso que penalice a funcionarios de alto rango por impulsar y aprobar presupuestos que contemplen financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. Según anunció el propio jefe de Estado, este acto será considerado como delito de lesa humanidad, es decir, imprescriptible. El doctor Alejandro Pérez Hualde, exministro de la Suprema Corte de Mendoza, en diálogo con FM Vos 94.5 explicó los alcances de esta propuesta. «Este delito alcanzaría a los funcionarios que tienen la autoridad para ordenar la emisión monetaria. Hoy esa autoridad la tiene el gobierno Banco Central de la República Argentina. Es una situación muy parecida a la que tuvo lugar cuando se dictó la Ley de Convertibilidad del Austral. Cada mil australes el gobierno federal se obligaba a entregar un peso o un dólar. No cumplir con esa obligación de convertibilidad habilitaba una denuncia penal. En el texto mismo del billete decía peso convertible por Ley 23928», explicó al principio de la nota Alejandro Pérez Hualde. «En el 2002 todo eso quedó sin efecto, por eso se dijo que habíamos cambiado de moneda. Es decir que un nuevo peso no convertible sustituyó al otro. Estamos en una situación parecida, ahora se obliga a no emitir un solo peso más. Sobre la tipificación penal del delito podemos estar de acuerdo, pero nos puede llevar a pensar que la emisión es la única causa de la inflación. «Este flagelo me parece que tiene otras causas más complejas», argumentó. «Quien fija el valor de la moneda es el Congreso Nacional. La emisión en cierta medida le quitó esa potestad. Es muy probable que esta ley se vote a favor», amplió el ex supremo Pérez Hualde. Después, se refirió a otro proyecto que impulsa el gobierno nacional. Mediante el mismo se propone que los políticos condenados por corrupción en segunda instancia no puedan presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Por otra parte, los condenados con pena firme perderán cualquier beneficio como exfuncionarios públicos. «Implicaría un agravamiento de la pena que se podría aplicar únicamente para aquellos que sean condenados a partir de que se dicte la propia ley en adelante. Esto no se podría aplicar por ejemplo a Cristina Kirchner, porque las condenas son anteriores. No se puede aplicar una ley después del juicio. A su vez, creo que cuando no hay sentencia firme, adelantar situaciones de condena puede recibir el rechazo por vía de algún hábeas corpus», fundamentó el exministro de la Suprema Corte. Para terminar, especificó cuáles son los tiempos que tiene la Justicia en los procesos de investigación de corrupción. «Los delitos de corrupción normalmente tienen penas muy bajas. Además, la Justicia está tardando muchísimo. Cada juicio de corrupción tarda un promedio de 14 años. La última condenada fue Cristina Kirchner, aunque sin sentencia firme. Son delitos que tenemos que condenar con el voto de los funcionarios para ser aplicados a ellos mismos. Para terminar la corrupción la política tiene que cortar de su propia carne. En Brasil, con la simple acusación se le impidió presentarse a un candidato, pero hoy Lula es presidente de ese país», concluyó.
