Personas Jurídicas: extienden facilidades para regularizar asociaciones civiles y poder acceder a subsidios

Mediante la Resolución General 1320/24, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) dispuso extender las facilidades para que todas las asociaciones civiles inscriptas regularicen su situación jurídico-contable.
Mediante la misma, se restablece hasta el 31 de diciembre de 2024 la vigencia de las Resoluciones Generales 3232/2021 (Centros de Jubilados y Pensionados); 4338/2022 (Clubes y Entidades Deportivas Barriales) y 4339/2022 (Uniones Vecinales). Asimismo, extiende los beneficios de estas normas para que puedan aprovecharlas el resto de las asociaciones civiles inscriptas en esta dirección, sin distinción de tipo.
Francisco Mondotte, director general de Asuntos Gubernamentales de la provincia de Mendoza, en diálogo con FM Vos 94.5 dijo que la medida apunta a que todas estas instituciones puedan regularizar su funcionamiento con el menor costo posible.
«En toda la provincia de Mendoza hay cientos de entidades intermedias que le dan vida social a la comunidad. Si bien ellas están constituidas como asociaciones civiles, hace muchos años que no presentan los balances correspondientes. Como están en una situación de irregularidad ante la Ley, se restableció la Resolución General 1320/24 para extender una moratoria, es decir que se instrumentó un mecanismo de excepción ofreciéndoles una herramienta concreta para superar el obstáculo que frecuentemente les significa adeudar la presentación de varios estados contables», comentó al principio de la nota Francisco Mondotte.
«El objetivo de esta resolución es continuar ayudando a que todas las asociaciones civiles sin fines de lucro, especialmente centros de jubilados, uniones vecinales, clubes de barrios y bibliotecas populares puedan regularizar su funcionamiento con el menor costo posible. Se trata de ordenar las cuentas de las entidades intermedias que presentan dificultades», amplió.
Después, dijo que la norma otorga importantes beneficios, dictada en consideración a la realidad que viven estas instituciones. «Las asociaciones civiles no escapan a la realidad. Las uniones vecinales y los clubes son quienes sufren más el deterioro económico del país. Por otra parte, muchas veces los requisitos que se les pide se convierten en una barrera muy compleja de superar. Por eso se instrumentó que cualquier entidad intermedia que tenga un patrimonio menor a diez salarios mínimos vitales y móviles pueden hacer un informe de inventario donde consten los activos y los pasivos que tiene la institución. Esto se debe aprobar mediante una asamblea para luego ser presentado en la Dirección de Personas Jurídicas. Es una modalidad mucho más simple que permite a la entidad estar en regla», precisó.
Luego, continuó explicando los beneficios que tienen las instituciones al momento de regularizar su situación jurídica. «Si no están bajo la órbita del Estado se pierden la posibilidad de acceder a distintos subsidios de carácter económico o material. También hay muchas líneas de financiamiento. A su vez, las entidades que están dentro de un marco de irregularidad pueden tener complicaciones legales. Sin son entidades deportivas no pueden participar de competencias. Cuando una institución no presenta sus balances va generando una bola de nieve que los va dejando fuera del radar del ámbito público y social», argumentó Mondotte.
«En San Rafael tenemos muchos ejemplos tristes de clubes que van quedando en un abandono paulatino. Con esta disposición queremos evitar ese tipo de situaciones. Este proceso de regularización nos va a permitir conocer la cantidad de entidades que funcionan en la actualidad», fundamentó.
«Muchas instituciones dejaron de existir, pero otras se reactivaron. El Club de Jaime Prats desde el año 90 no renovaba su comisión, y ahora un grupo de jóvenes y vecinos lo han puesto de pie nuevamente. La Resolución 1320 les va a permitir que la entidad vuelva a funcionar en un marco legal después de más de 30 años. El club le va a volver a dar vida a ese distrito», confió el director general de Asuntos Gubernamentales.
Al concluir la comunicación, comentó cómo deben proceder las asociaciones civiles para acceder al beneficio. «En San Rafael se deben acercar a la avenida El Libertador 41. Allí funciona una delegación de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Mendoza. Los interesados van a recibir todo el asesoramiento que necesiten. Se entregan los formularios para hacer un inventario que los exime de hacer un balance con un profesional. Es un proceso rápido que permite poner en regla a la institución en el plazo de los 30 o 60 días», cerró.