Perú paga el precio de la gangrena de la corrupción
Algunos reconocidos observadores europeos han atribuido al momento de turbulencias políticas que Perú acaba de atravesar el carácter de consecuencia previsible de la gangrena de corrupción que desgraciadamente afecta al aludido país latinoamericano.
El ahora ex presidente peruano, Martín Vizcarra, llegó al poder en el año 2018, como consecuencia de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, acusado sorprendentemente de haber disimulado vinculaciones corruptas con la empresa de obra pública brasileña Odebrecht. Por esa razón, el mencionado Kuczynski está ahora en arresto domiciliario, mientras avanzan las acciones judiciales en su contra.
Líder popular
Cuando Martín Vizcarra, que se desempeñaba como embajador del Perú en Canadá, fuera inesperadamente convocado a hacerse cargo de la presidencia de su país, asumió inmediatamente en papel de líder en la lucha contra la corrupción. Esa actitud contribuyó a que rápidamente se transformara en un líder popular.
Ocurre que, en Perú, desde 1985, todos los presidentes parecen haber estado incursos en episodios de corrupción. Alan García, que fuera dos veces primer mandatario, terminó suicidándose en abril de 2019, cuando se hiciera pública su vinculación con la antes mencionada empresa constructora de obra pública brasileña: Odebrecht. Inmediatamente después, el también ex presidente Alejandro Toledo fue acusado de haber recibido ilegalmente 36 millones de dólares también de la empresa brasileña antes nombrada. Como consecuencia de ello, Alejandro Toledo huyó hacia los Estados Unidos, desde donde podría ser ahora extraditado al Perú para ser juzgado por las responsabilidades que eventualmente puedan corresponderle.
A todo lo antedicho se suma el hecho de que el ex presidente Alberto Fujimori, que pusiera en marcha un golpe de estado en 1992, está también detenido, enfrentando acusaciones de haber violado derechos humanos, de la mano de su cuestionado colaborador Vladimiro Montesinos, un hombre cuya imagen está muy lejos de ser atractiva.
Como si todo eso fuera poco, nada menos que 69 legisladores del Congreso peruano enfrentan también, ellos mismos, distintas investigaciones por corrupción.. Por esto, su autoridad moral está cuestionada.
Un auténtico zorro
Frente a la profunda crisis política, el Congreso peruano designó como presidente a Manuel Merino, un auténtico zorro político que generó rápidamente una ola de profunda desconfianza y hasta de rechazo. Lo que derivó en masivas protestas callejeras en su contra. Ellas fueron violentas y provocaron dos muertes, más de cien heridos, un clima de violencia inusitado y un rechazo extendido.
La explosión de protestas hizo imposible que Manuel Merino pudiera continuar como presidente provisorio, lo que de alguna manera forzó su rápida renuncia. “Tenía que irse” sentenció el criterioso diario peruano El Comercio, con toda razón. No había opción, ante la evidente falta de idoneidad. Hasta su propio gabinete, renunciado, lo había dejado en soledad.
Tras el inevitable paso al costado de Manuel Merino, el Congreso peruano intentó entonces designar a Rocío Silva Santisteban, una legisladora de izquierda, perteneciente al Frente Amplio. Lo cierto es que ella no obtuvo sino 52 votos a su favor, cuando requería contar con un apoyo de, por lo menos, 60 votos. No pudo, entonces, acceder a la presidencia de su país.
Convocado que fuera nuevamente el Parlamento peruano para cubrir –con urgencia- la vacancia presidencial, logró –en una segunda instancia- designar a un parlamentario de centro, de gran experiencia: Francisco Sagasti que, habiendo ya asumido su cargo, tiene ahora ante sí la compleja tarea de reconstruir las instituciones peruanas y recomponer un extraviado clima de “confianza mínima”.
Mientras tanto, el repudiado Martín Vizcarra decidió dar el obligado “paso al costado”, no impugnar su destitución y abandonar sabiamente el Palacio presidencial. Con gran prudencia, hasta ahora.
Francisco Sagasti deberá ahora asumir la presidencia hasta julio de 2021. Esto es hasta el final del mandato que fuera conferido en su momento al destituido Martín Vizcarra.
Vizcarra, de 57 años de edad, pareciera tener todavía por delante alguna posibilidad de regresar al ruedo político de su propio país. La acusación que lo obligó a alejarse del poder que detentaba tiene que ver con un presunto pago de coimas que pudo haber recibido cuando gobernaba la región sureña de Moquegua. Cabe destacar que Martín Vizcarra fue destituido con el voto de 105 inflamados parlamentarios, mientras que tan sólo 19 congresistas se opusieron a su destitución.
Quizás, la razón principal de su destitución fue precisamente su corajuda lucha contra la corrupción y sus embates que apuntaron contra el propio Parlamento. Por esto Vizcarra es visto como el actor principal en esa lucha, mientras los parlamentarios proyectan una imagen absolutamente diferente.
En una acusación anterior, Vizcarra había sido ya empujado hacia la destitución, por el supuesto mal uso de fondos públicos, que Vizcarra siempre negó. Apuntó en cambio al Congreso, dominado por otros partidos políticos, acusándolo de obstruir las investigaciones que se habían puesto en marcha. Por esto no dudó un solo instante en disolver el Congreso, provocando una nueva elección que culminó en su reestructuración, pero no en generar cambios sustanciales de posiciones.
El Congreso reestructurado se eligió y conformó en enero pasado. Las próximas elecciones presidenciales están previstas para el mes de abril de 2021. La Constitución peruana –cabe advertir- no permite a Martín Vizcarra presentar su propia candidatura en las próximas elecciones nacionales.
Cabe asimismo recordar que Martín Vizcarra fue en su momento vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski y que no milita en ninguno de los principales partidos políticos de Perú. Al ser acusado, rechazó con vehemencia los cargos que se le formulaban y se proclamó enfáticamente ajeno a todo episodio de corrupción.
Sin embargo, su enfrentamiento con el Congreso del Perú fue tal que, cuando se necesitaban sólo 87 votos de legisladores para su destitución, acumuló en su contra –como hemos dicho- 105 votos, con apenas 19 legisladores que manifestaron su prudente desacuerdo con la destitución.
Ideas de centro
El nuevo presidente de Perú, Francisco Sagasti, es un ingeniero de 76 años de edad que en su momento se desempeñara en el Banco Mundial. Sus ideas políticas son, más bien, de centro. Se lo considera como un tecnócrata tan sólido como capacitado; como un hombre prudente y como una persona honesta. Todo lo cual parece contribuir a la sensación ahora prevaleciente, en el sentido de que Perú puede haber encontrado el hombre ideal para atravesar el período de fragilidad que de pronto comenzara con la destitución de Martín Vizcarra y para poder cerrar las heridas abiertas en un proceso de inestabilidad política que –de una manera u otra- se ha extendido a lo largo de los últimos cinco años.
Lo cierto es que la violenta reacción callejera provocada por la quizás demasiado apresurada destitución de Martín Vizcarra ha sido seguida por un clima distinto. El de aparente alivio, rápidamente generado por la designación del nuevo presidente del Perú: Francisco Sagasti. Las aguas ahora lucen mucho más tranquilas. Felizmente.