Petitorio de Padres Auto Convocados

Ayer “Padres Auto Convocados de San Rafael» presentaron en la delegación local del ministerio de Desarrollo Social un petitorio para que «se revisen y corrijan todas las causas denunciadas, aplicando el máximo rigor a los funcionarios en falta».

El grupo ha venido haciendo reiteradas denuncias por la situación que les toca atravesar al no poder ver a sus hijos, y han llevado el reclamo, incluso, hasta la Capital provincial. Entre los lugares en los que se han presentado se encuentran. Inspección de Justicia, comisiones de Derechos y Garantías de Diputados y Senadores, Procuraduría de Inspección de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social, y Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el petitorio presentado recientemente, que está respaldado por alrededor de mil firmas, los padres reclaman: garantizar la verdadera división de poderes, democratización de la justicia, modificación de la justicia de familia, implementación de mecanismos y protocolos de seguridad y control de calidad en la justicia.

También publicidad constante de las acciones de la inspección de justicia y las comisiones de derechos y garantías de diputados y senadores, participación activa de los colegios de abogados y la interacción con la sociedad, reglamentar el balanceo en la asignación de cargos en el ámbito judicial a fin de mitigar cualquier tendencia sectaria y vulneración de derecho en base a género.

Además, federalizar efectivamente la Ley 26061, promover y aplicar la ley de violencia institucional 26485, adecuar y actualizar el sistema de datos judicial, descentralización de los CAI, tipificar reglamentar y establecer penalidades sobre delitos parentales, creación de las escribanías públicas protectoras de la minoridad, la adecuación legislativa a la tecnológica en lo relativo a las garantías procesales y protocolares.

Y contar con un protocolo de seguridad por parte de quien juzga, posibilidad de solicitar juicio político a los funcionario públicos que omitan garantías, considerar falta grave al funcionario que obstruya vínculos o delitos parentales, denunciar ante el juez de familia la coacción de derechos del menor relativos a su identidad y derechos parentales, y los profesionales intervinientes en cuestiones de familia deberán acreditar al menos 5 años de ejercicio efectivo de la profesión.