Un fiscal de juicio pidió hoy que el exjuez federal correntino Carlos Soto Dávila sea condenado a 15 años de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada a cobrarle coimas a narcotraficantes para liberarlos, y también solicitó penas de hasta 12 años para otros seis acusados, entre ellos, dos exsecretarios del mismo magistrado, informaron fuentes judiciales.En el alegato, la fiscalía calificó a la imputación al exmagistrado como «la más grave de las corrupciones administrativas, porque atenta contra la independencia del Poder Judicial».
El pedido fue formulado por el fiscal federal de Corrientes, Carlos Schaefer, al alegar en el debate oral en el que impulsa la acusación junto a sus colegas Martín Uriona, Tamara Pourcel y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias.
Según las fuentes, Schaefer solicitó que Soto Dávila reciba también una inhabilitación absoluta especial perpetua y una multa de 75 mil pesos al considerarlo autor del delito de «asociación ilícita, en calidad de jefe, en concurso real con el delito de cohecho pasivo agravado, en calidad de autor, reiterado en ocho oportunidades que concurren materialmente entre sí, el cual concurre a su vez en forma ideal con el de prevaricato, en calidad de autor, reiterado en nueve oportunidades».
«No se puede combatir el narcotráfico si no terminamos y combatimos la corrupción y menos aún si esa corrupción se encuentra enquistada en un sector del Poder Judicial que debe impartir justicia y que justamente debe sancionar conductas delictivas que ponen en riesgo la salud pública y la seguridad ciudadana», expresó Schaefer en el final de su alegato, tras pedir la pena de 15 años para Soto Dávila.
En tanto, el fiscal solicitó 12 años de prisión para Pablo Molina y 9 años y 6 meses para Federico Grau, ambos exsecretarios de Soto Dávila y a quienes también se les pidió una inhabilitación perpetua y sendas multas de 65 mil y 50 mil pesos, respectivamente.
Las fuentes señalaron que a los dos se los consideró integrantes de una asociación ilícita y responsables de los delitos de cohecho pasivo y activo agravado, y prevaricato.
Mientras que los fiscales requirieron ocho años de prisión para Duylio Barboza Galeano; siete para Gregorio Giménez; cinco para Tomás Viglione; todos estos abogados; y dos años y cinco meses para el exintendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone.
Soto Dávila llegó a juicio acusado de ser el supuesto organizador de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a narcotraficantes de la localidad correntina de Itatí, a cambio de presuntos alivios procesales.
Por el mismo caso hay otro grupo de acusados integrado por los narcotraficantes Pablo Torres, Carlos Bareiro y Federico Sebastián Marín, así como los abogados Jorge Vallejos y Omar Serial, quienes no participan del debate tras aceptar procesos abreviados con el Ministerio Público.
En esa instancia, «Cachito» Bareiro aceptó tres años y ocho meses de prisión; «Morenita» Marín cuatro años y cuatro meses; Torres tres años y seis meses; Vallejos cinco años y seis meses; y Serial dos años y ocho meses; que se suman a condenas previas en causas vinculadas a asociación ilícita y narcotráfico por las que ya purga penas a tres y seis años.
Para los fiscales, la asociación ilícita presuntamente liderada por Soto Dávila estaba destinada a «brindar cobertura judicial» la organización narco encabezada por Marín y Bareriro, e integrada por más de 56 personas, la cual fue desarticulada con el denominado «Operativo Sapucay», llevado a cabo en 2017 y que tuvo como epicentro la localidad correntina de Itatí.
«Lo que se probó en esta causa, es justamente la existencia de un grupo de personas con objetivos comunes, división del trabajo, estructura y permanencia, códigos de conducta comunes, sistema de toma de decisiones, relaciones entre ellos y hacia el mundo exterior; ejecutando planes delictivos para viabilizar y encubrir los negocios espurios de Marín, Bareiro y el resto de los miembros de la organización narcocriminal», sostuvo Iglesias en su tramo del alegato.
De acuerdo al fiscal, las maniobras judiciales se llevaron a cabo «de forma constante durante al menos durante siete años, para lo cual se asociaron con, al menos, cinco abogados y un ex político de Corrientes».
Y afirmó que se trató del «cobro sistemático de sobornos a narcos para garantizar ese negocio millonario».
Además, estimó que la banda con asiento en Itatí introdujo al país 20 toneladas de marihuana en ese período y que lo logró «sin sufrir mayores inconvenientes» gracias a las «maniobras» del juzgado.
El debate, que comenzó el 21 de junio de 2022, está a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Rubén David Quiñones y Manuel Moreyra; y pasó a un cuarto intermedio hasta el 4 de abril próximo cuando alegarán las defensas.
