Piden al Estado provincial instalar desfibriladores en lugares públicos

Mediante un amparo, estudiantes de Derecho de la Clínica Jurídica de la Universidad Austral lograron que haya desfibriladores en espacios públicos y privados. Ahora el Gobierno tiene 30 días para reglamentar la ley de muerte súbita, que fue promulgada hace seis años. Para conocer detalles, desde FM Vos (94.5) y Diario San Rafael dialogamos con Julio Pablo Comadira, que es subdirector del departamento de Derecho Administrativo de la Universidad. Nos dijo que “hay una ley, que se llama ley de la prevención de la muerte súbita, promulgada en el año 2015, que entre otras cosas indica que debe haber desfibriladores en lugares públicos o lugares privados con acceso público, teniendo en cuenta el tránsito y permanencia de personas en esos lugares. La Legislatura le dio al Ejecutivo, en ese momento, 180 días para poner en práctica el contenido de la ley. En 2019 un alumno de la clínica jurídica de la Facultad de Derecho detectó que esto no se había cumplido y me propuso llevar adelante el caso. Este alumno convenció al resto de sus compañeros, y a nosotros, para avanzar sobre el tema”.
El Dr. Comadira acotó que “como metodología de estudio, todos los alumnos de la clínica jurídica proponen un caso de interés público y deben convencernos al resto para que su caso sea sobre el que avancemos. La intención de esto es tratar de generar en los alumnos conciencia social, para poner la profesión al servicio de la sociedad desde una visión solidaria. Esta ley salva vidas, por lo tanto, presentamos un amparo contra el Poder Ejecutivo para que se lo condene a establecer y comunicar en qué espacios públicos debe haber desfibriladores. La sentencia salió la semana pasada y quedó firme. La jueza le dio al Ejecutivo 30 días y ya están corriendo. Lamentablemente, en todo este tiempo que ha transcurrido se podrían haber salvado vidas; tengamos en cuenta que 70% de los paros cardíacos se producen en lugares que no son los hospitales o establecimientos de salud, y que además el 25% de los casos de gente que fallece fuera de los hospitales tiene por motivo la muerte súbita. Ahora el Ejecutivo debe reglamentar la ley y determinar en qué lugares se ubicarán los desfibriladores. Entre otros, estos serán oficinas y dependencias públicas. Respecto a lugares privados con acceso público, puedo dar como ejemplo los boliches, teatros, espacios deportivos; tengamos en cuenta que desde el momento en que la persona se desploma y comienza a presentar síntomas de muerte súbita, hay menos de una hora para poder actuar y salvarle la vida. Por eso es importante que los desfibriladores estén ubicados en lugares visibles y accesibles. El costo promedio de cada desfibrilador -hay diferentes marcas- es de 200 mil pesos, valor insignificante si lo comparamos con el valor de una vida”.