Piden auditorías sobre la gestión del Enre y del Enargas

Todos los días damos a conocer información sobre cortes de energía en diversos puntos del país, pero especialmente recurrentes en el AMBA. Frente a esa realidad, la diputada nacional por Mendoza Jimena Latorre, pidió a la Auditoria General de la Nación (AGN), que controle la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
En diálogo con FM Vos (94.5), la legisladora expresó que la complicada situación que está atravesando el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sostuvo que “son de público conocimiento los cortes sostenidos y que afectan a miles de usuarios y que se deben, obviamente, a la desinversión sostenida durante muchísimos años”. Recordó que se trata de políticas comenzadas durante los 12 años de Gobierno kirchnerista, que en los últimos dos años se agravaron tras retomarse las mismas políticas que se iniciaron en el 2012, con un congelamiento de precios. Se daban acuerdos, en los que la Nación supuestamente iba a financiar las obras, porque no la podían financiar con tarifas –como corresponde– los mismos usuarios, para continuar el servicio. “Esas desacertadas políticas llevaron a que el sistema esté en una situación de crisis y a eso, se le suma que hoy por hoy los entes reguladores que tienen que hacer el control y la fiscalización, en el ámbito nacional, no funcionen”, aseguró. A diferencia de lo que ocurre en Mendoza y en las otras 23 jurisdicciones, donde la competencia es local y posee sus organismos de regulación, en la Nación, donde están ocurriendo los cortes sostenidos, depende de reguladores que son del ámbito nacional que están intervenidos. “Sabemos de los cortes, sabemos de la desinversión, sabemos que el congelamiento tarifario se sostiene con inflación, porque son necesarios cada vez más subsidios para mantener esa ficción, lo que significa que el servicio se recienta”, dijo.
A dos años de una intervención lanzada en el 2019 y que era por 180 días, desde el Congreso solicitan información sobre qué se ha hecho en ese tiempo.
Ocurre que el Gobierno congela precios, y al mismo tiempo le prohíbe a las empresas hacer obras de infraestructura, lo que termina dañando inevitablemente a los usuarios.