Un proyecto legislativo busca garantizar la continuidad de los servicios ante atrasos de hasta 8 meses en los pagos. Advierten sobre riesgo de suspensión de prestaciones y endeudamiento de instituciones. La crítica situación que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad en Mendoza motivó la presentación de un proyecto legislativo que propone declarar la emergencia provincial en el sector por el término de 24 meses. La iniciativa surge en un contexto marcado por retrasos en los pagos, dificultades financieras de los prestadores y el riesgo concreto de interrupción de servicios esenciales.
El diputado provincial Gustavo Perret (PJ) detalló a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que “la verdad que es un problema que se ha venido agravando en el tiempo y resulta triste ver que nadie toma cartas en el asunto”. En ese sentido, apuntó directamente al incumplimiento de la normativa vigente por el gobierno de Javier Milei: “Hay una ley de emergencia en discapacidad a nivel nacional que está aprobada, que está vigente, que es necesario cumplirla, que el gobierno nacional no la cumple”.
El impacto en la cadena de pagos y las familias
Según explicó, esta falta de cumplimiento impacta de lleno en toda la estructura de atención: “Esto ocasiona la falta de financiamiento, la falta de poder afrontar por parte de transportistas, de los centros de día, de las fundaciones, de las asociaciones”. Y agregó que el problema excede a los propios beneficiarios: “Esto afecta no solamente a los discapacitados sino también a la familia de los discapacitados”.
El legislador remarcó la magnitud del universo afectado al señalar que “son 36.000 discapacitados de todo tipo”, incluyendo tanto a personas con discapacidad de nacimiento como a quienes la adquieren a lo largo de su vida por distintas circunstancias. Uno de los ejes centrales del conflicto radica en el funcionamiento del sistema de financiamiento. Perret explicó que los fondos se canalizan a través de la Agencia Nacional de Discapacidad y luego llegan a obras sociales o programas como Incluir Salud. Sin embargo, advirtió que “los retrasos de pago son de 6 a 8 meses y ese retraso de pago ha roto la cadena de pago con los prestadores”.
Consecuencias de la interrupción de servicios
Las consecuencias de esta situación son múltiples y profundas. “Al romper con la cadena de pago con los prestadores no le pueden pagar a sus empleados. Al no poder pagar a sus empleados se cae o se cesan los servicios”, sostuvo. En ese contexto, alertó que “el cese de las prestaciones no es una opción”, debido a que la interrupción de tratamientos puede generar daños irreversibles: “Los discapacitados no pueden tener un paro en las prestaciones porque eso causa un daño irreparable”. A pesar de la gravedad, muchos prestadores continúan funcionando, aunque en condiciones críticas. “En algunos casos se han reducido y están analizando la suspensión del servicio”, indicó, y explicó que las instituciones intentan sostener la atención porque “sabemos que esta gente no tiene a dónde ir”. En esa línea, subrayó una falencia estructural: “No hay prestación pública de discapacidad”.
Endeudamiento y falta de actualización tarifaria
El escenario financiero de las entidades es cada vez más complejo. “Los prestadores están tomando créditos para poder pagarle los salarios a los profesionales, a los asistentes, a los cuidadores, tomando créditos para pagar los sueldos y ahora están tomando créditos para pagar los créditos”, describió. Incluso, reveló que “hay algunas entidades a nivel provincial que tienen deudas hasta de 600 millones de pesos”. Frente a este panorama, Perret presentó dos iniciativas. Por un lado, un proyecto de resolución para que el gobernador reclame al gobierno nacional el cumplimiento de la ley vigente. Por otro lado, un proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad en Mendoza y crear un fondo específico que permita sostener las prestaciones. “Se crea un fondo para la atención del sostenimiento de las prestaciones de las personas con discapacidad”, explicó. Asimismo, planteó la necesidad de actualizar los valores que perciben los prestadores: “La tarifa de los nomencladores está trazada hasta en un 120 por ciento”, indicó, en referencia al atraso respecto de los costos reales.
El rol del Estado y el debate parlamentario
El legislador provincial sanrafaelino también apeló a las obligaciones legales y constitucionales del Estado. “No puede haber excusa presupuestaria para la atención a las personas con discapacidad”, afirmó, y agregó que “estamos incumpliendo convenciones internacionales y leyes nacionales”. En el plano político, cuestionó la falta de acción del Ejecutivo provincial. “Hoy cuando gran parte de la sociedad mendocina necesita que el representante de todos los mendocinos salga a defenderlos, hace un silencio que es ensordecedor”, expresó. Además, vinculó esta postura con la coyuntura nacional: “El ajuste lo está recibiendo las personas o quienes son más débiles en la sociedad”. Respecto al estado parlamentario de las iniciativas, indicó que “el proyecto fue presentado hace unos 15 días aproximadamente” y que ya comenzó a tratarse parcialmente. Sin embargo, advirtió que “el oficialismo no ha querido tratar el de emergencia en discapacidad”, lo que, a su entender, implica una falta de voluntad para destinar recursos al sector. El panorama descripto por Perret da cuenta de una crisis estructural que atraviesa al sistema de discapacidad en Mendoza y que, de no mediar soluciones urgentes, podría derivar en la interrupción de servicios esenciales para miles de personas en situación de vulnerabilidad.
