Desde la pequeña localidad italiana de Sorbolo, donde se refugió hace más de una década, el sacerdote Franco Reverberi Boschi continúa evadiendo a la justicia argentina.
Acusado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, su participación como colaborador en un centro clandestino de detención en San Rafael la testificaron sobrevivientes, fiscales y querellantes.
Ahora, ante la imposibilidad de lograr su extradición, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de San Rafael solicitó que se lo juzgue en ausencia, en virtud de la nueva ley que permite este tipo de procesos en causas de lesa humanidad.
El pedido ya tendría el visto bueno del Juzgado Federal de San Rafael, y se espera que, una vez notificado, la fiscalía o los querellantes puedan requerir la elevación a juicio oral, pese a la ausencia del acusado.
El recurso se fundamenta en la ley recientemente sancionada que habilita el juicio en ausencia para casos en los que el imputado se encuentra prófugo o fuera del alcance judicial.
De acuerdo con múltiples testimonios, el sacerdote tenía presencia activa en las sesiones de tortura que se llevaban a cabo en “La Departamental”, el centro clandestino de detención montado en los tribunales.
MÁS DE 14 AÑOS RECLUÍDO EN ITALIA
Ante los requerimientos judiciales, Reverberi huyó a Italia en 2011. Desde allí se empezó a solicitar su extradición.
Tras varios años de idas y vueltas, el pedido lo rechazó en 2024 el ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, alegando razones de salud, a pesar de que pericias médicas indicaban que sí podía viajar.
El gobierno argentino, bajo la gestión de Javier Milei, decidió no apelar la resolución, lo que generó fuertes críticas por parte de organismos de derechos humanos.
En este contexto, la figura del juicio en ausencia se vuelve una herramienta clave para avanzar en el proceso en búsqueda de justicia.
A casi 50 años del inicio del golpe de Estado de 1976, la APDH de San Rafael insiste en que el tiempo no puede ser refugio para la impunidad.
