La Defensora General del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar de Mendoza, Cecilia Saint André, presentó la denuncia contra Romina Crisafulli, titular de la Primera Defensoría Oficinal Penal de Adultos del departamento de San Rafael, Segunda Circunscripción Judicial, por “desorden de conducta” y “mal desempeño” de sus funciones, solicitando que la funcionaria sea sometida a jury de enjuiciamiento y, eventualmente, destituida del cargo.
En primer término, la denuncia refiere “una serie de conductas graves e irregulares de la magistrada Romina Crisafulli, relacionadas principalmente con la presentación desmedida de certificaciones médicas inválidas, emitidas por el médico Rodríguez Medina, Héctor Alberto, quien no se encontraba habilitado para emitir dichas certificaciones ejerciendo por tanto irregularmente la profesión médica”. En un momento, se le ordenó que ejerciera su función de manera remota y -según la presentación- “durante el tiempo que la magistrada cumplió funciones en forma virtual (aproximadamente 5 meses), se recepcionaron en la Delegación de San Rafael, como así también en la Defensoría General, múltiples denuncias de ciudadanos por ella asistidos, en relación a las actuaciones profesionales que la magistrada habría llevado a cabo, en claro perjuicio a los intereses de sus defendidos”.
El 1 de noviembre del año pasado, le otorgaron el alta médica y, ese mismo día, se dirigió a la Defensoría General expresando que no quería prestar más servicios en San Rafael. Ante la propuesta de ir a General Alvear, Crisafulli dijo que “nunca volvería a trabajar” al sur de la provincia.
Actualmente, la defensora sigue presentando certificados médicos en discrepancia con el alta médica de noviembre, lo que -según se denuncia- “ocasiona un grave perjuicio para el servicio de defensa en San Rafael”.
Crisafulli continúa percibiendo su sueldo y ya contabiliza -al 20 de agosto- 136 inasistencias injustificadas a su trabajo.
