Desde General Alvear cuestionan aspectos del procedimiento ambiental vinculado al Proyecto Don Luis. Aseguran que la iniciativa se amplió de 10.000 a 234.000 hectáreas y solicitan que se cumpla con los mecanismos previstos en la Ley 7722. El avance del Proyecto Don Luis, destinado a la exploración de litio en el sur mendocino, continúa generando debates en distintos ámbitos de la provincia. Mientras la iniciativa ya se encuentra en la Legislatura para su tratamiento, en General Alvear surgieron planteos vinculados al procedimiento ambiental que acompaña la propuesta, especialmente en relación con el alcance territorial del emprendimiento y los estudios de impacto correspondientes.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos, el ambientalista Miguel Rodríguez, oriundo de General Alvear, explicó las observaciones que un grupo de vecinos y referentes viene realizando sobre el proyecto, que comprende sectores de San Rafael y Malargüe. Rodríguez señaló que uno de los aspectos que más preocupación genera es la expansión que tuvo la iniciativa respecto de su planteo original. Según indicó, el proyecto comenzó durante 2024 con una superficie cercana a las 10.000 hectáreas ubicadas en la zona de Las Salinas del Diamante, pero posteriormente se amplió considerablemente.
«Este es un proyecto que nació con una superficie de 10.000 hectáreas ubicada en Las Salinas del Diamante», recordó. Sin embargo, explicó que durante 2025, a partir de la participación de nuevas empresas, la propuesta se transformó en una iniciativa de aproximadamente 234.000 hectáreas. «Se transformó en un proyecto de 234.000 hectáreas que viene a ser más o menos, por decir si fuese un cuadrado, 50 kilómetros por 50 kilómetros», expresó.
El ambientalista sostuvo que una de las principales observaciones apunta a que la Declaración de Impacto Ambiental presentada originalmente para una superficie mucho menor habría continuado siendo utilizada como base para la evaluación del proyecto ampliado. «Se presentó en la primera etapa una declaración de impacto ambiental para las 10.000 hectáreas y después se transformó en un proyecto de 234.000 hectáreas utilizando prácticamente la misma declaración de impacto ambiental», afirmó.
Rodríguez explicó que, de acuerdo con su interpretación de la normativa vigente, las distintas etapas de una actividad minera deben evaluarse de manera diferenciada. En ese sentido, mencionó disposiciones contempladas en la Ley 5961, la Ley 7722, el Código de Minería y otras reglamentaciones ambientales provinciales. «Las distintas leyes de Mendoza indican que las etapas de prospección y de exploración son etapas distintas», manifestó.
Al respecto, detalló que la prospección corresponde a la etapa inicial de estudios y relevamientos sobre el terreno, mientras que la exploración implica tareas más avanzadas, incluyendo perforaciones destinadas a determinar con precisión la existencia y características de los recursos minerales. «La empresa primero tiene que hacer un informe de impacto ambiental y tiene que haber una declaración de impacto ambiental aprobada por la Legislatura para que pueda ingresar al territorio y saber qué es lo que hay allí», sostuvo.
Según Rodríguez, una de las inquietudes radica en que la empresa aún no habría determinado con exactitud la cantidad de perforaciones necesarias para las etapas posteriores, debido a que previamente debería completarse el proceso de prospección. «Cuando los organismos consultan cuántos pozos van a hacer, la empresa responde que todavía no lo sabe porque no ha podido ingresar al territorio», explicó.
Para el ambientalista, esa situación genera incertidumbre respecto de la magnitud futura de las intervenciones. «No es lo mismo hacer 5 pozos, como decía en un momento la declaración de impacto ambiental, que hacer miles de pozos para los cuales quedarían autorizados», advirtió. Otro de los puntos que planteó durante la entrevista está relacionado con la ubicación geográfica del proyecto y su cercanía con importantes recursos hídricos de la región.
Rodríguez remarcó que el área involucrada comprende sectores donde existen acuíferos de agua dulce que abastecen a localidades del sur provincial. En ese sentido, aclaró que los salares donde se busca explorar litio y los acuíferos de agua dulce constituyen sistemas diferentes. «Hay acuíferos de agua dulce que no están en contacto con las sales», explicó. Asimismo, agregó que «el acuífero Atuel-Diamante es el que abastece de agua potable a toda la zona de San Rafael y Alvear».
También destacó que dentro del área involucrada se encuentran sectores atravesados por importantes cursos de agua. «Tengamos en cuenta que en ese territorio surca el río Atuel y está el río Nihuil a muy poca distancia», señaló.
Finalmente, Rodríguez se refirió a una presentación realizada ante el Concejo Deliberante de General Alvear. Allí solicitan que se requiera un dictamen sectorial vinculado al proyecto, entendiendo que se trata de una obligación prevista en la legislación provincial debido a que el emprendimiento se desarrolla dentro de la cuenca del río Atuel.
«En Alvear estamos pidiendo que por Ley 7722 tienen obligación de pedir un dictamen sectorial porque estamos en la cuenca del río Atuel», indicó. Además, agregó que «estamos solicitando que el Concejo Deliberante exija que se solicite ese informe sectorial porque es obligatorio por ley». Mientras el proyecto continúa su recorrido administrativo y legislativo, el debate en torno a la exploración de litio en el sur mendocino sigue sumando posiciones a favor y en contra, especialmente en relación con los aspectos ambientales y el alcance de los controles que deben aplicarse durante cada una de las etapas previstas.
