La incertidumbre sobre el futuro del sistema hidroeléctrico Diamante llegó a la Legislatura provincial. Diputados presentaron un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo de Mendoza explique por qué el complejo quedó excluido de la licitación conjunta con Los Nihuiles, pese a que ese era el esquema previsto tanto por la legislación provincial como por un acuerdo firmado entre la Provincia y la Nación.
La Ley Provincial 9.630, que declaró la emergencia del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles, autorizó al Poder Ejecutivo a avanzar junto al Estado nacional en una licitación conjunta de los complejos Los Nihuiles y Diamante. En el mismo sentido, el Convenio-Acta Acuerdo suscripto el 8 de marzo de 2025 establecía que ambos sistemas serían concesionados como una única unidad de negocio.
Sin embargo, señalaron que el Decreto Provincial 1.436/2026 y el Decreto de Necesidad y Urgencia 667/2026 finalmente convocaron a una licitación pública nacional e internacional circunscripta únicamente al sistema Los Nihuiles, sin hacer referencia al complejo Diamante.
¿COMO SIGUE EL COMPLEJO?
Frente a ese cambio, los legisladores buscan conocer cuáles fueron los fundamentos técnicos, jurídicos o económicos que motivaron la modificación del esquema originalmente acordado y cuál será el mecanismo previsto para la futura concesión del sistema Diamante.
En ese sentido, también solicitaron que el Gobierno provincial informe cuál es la situación legal y contractual actual del complejo hidroeléctrico Diamante y de Hidroeléctrica Diamante S.A. (HIDISA), teniendo en cuenta que el período de transición fijado tras el vencimiento de la concesión concluyó en octubre de 2025 y, hasta el momento, no se ha informado oficialmente cómo continuará su administración.
El pedido de informes incorpora además consultas sobre otros aspectos del proceso licitatorio actualmente en marcha para Los Nihuiles. Entre ellos, requiere conocer si la venta del ciento por ciento de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA) contó con la correspondiente autorización legislativa, cuál será el destino de los fondos que genere esa operación, cómo estará integrada la comisión evaluadora de ofertas y cuál es el cronograma previsto para la adjudicación.
Los autores de la iniciativa sostienen que el objetivo del pedido es que la Legislatura pueda ejercer su función de control sobre un proceso que involucra activos estratégicos para el sistema energético provincial y obtener explicaciones sobre las modificaciones introducidas respecto del esquema de licitación que originalmente contemplaba a los complejos Los Nihuiles y Diamante como una sola unidad de negocio.
