Un ambicioso proyecto inmobiliario internacional en Rincón del Atuel, conocido como «La Rivera», ha encendido una luz de alerta en la Legislatura mendocina. El senador sanrafaelino Martín Rostand, (La Unión Mendocina), ha impulsado un pedido de informes para dilucidar si se llevaron a cabo los estudios arqueológicos correspondientes en la zona, antes de la habilitación del emprendimiento. La preocupación surge de la coexistencia de un significativo desarrollo de inversión con un yacimiento arqueológico de gran valor histórico, que incluye la «Cueva del Indio» con rastros de presencia humana de entre 10.000 y 12.000 años de antigüedad, y que fue un núcleo de investigación para el reconocido arqueólogo e investigador Humberto “Tito” Lagiglia, cuyos hallazgos en el departamento han sido estudiados a nivel internacional y quien fuera el fundador del Museo de Historia Natural de San Rafael.
En ese sentido, Rostand enfatizó que la iniciativa no busca objetar el desarrollo inmobiliario de capitales internacionales “La Rivera”, a cargo del ex asesor informático suizo Patrick Schmidlin, sino encontrar un punto de equilibrio que permita potenciar ambas realidades. «Si se preserva el valor arqueológico que la zona tiene, también se resguarda el valor inmobiliario o patrimonial que puede tener el emprendimiento. Se pueden potenciar ambas realidades al mismo tiempo. Lo que buscamos es que las dos cosas mantengan su valor. El proyecto La Rivera contempla una magnitud de mil hectáreas con clubes de campo, viviendas, canchas de golf, tenis e incluso una pista de aterrizaje, lo que demuestra su envergadura», observó en medio del reportaje que brindó a FM Vos 94.5.
«La inquietud principal radica en el movimiento de terreno que un proyecto de esta magnitud implica, y cómo podría haber afectado el yacimiento arqueológico. Por ello, el pedido de informes busca determinar qué está haciendo el Estado provincial o municipal para proteger esta circunstancia y poder atender a este desarrollo de forma conjunta», expuso el legislador.
El rol inexcusable del Estado y la resistencia política
El senador subrayó que la labor del Estado es «inexcusable» en esta situación, ya que se requiere una mirada objetiva que evite extremos: ni detener todo el progreso en pos de la arqueología, ni pasar por encima del patrimonio histórico en pos de la inversión. «Se trata de buscar un punto de equilibrio para que esto pueda desarrollarse armónica y razonablemente, y ahí es inexcusable la labor del Estado», aseveró.
«El pedido de informes en la Legislatura busca conocer qué tipo de estudios se han realizado, qué medidas se prevén, cuántas reparticiones tienen injerencia y qué rol están desempeñando. Probablemente existan zonas que haya que declarar como intangibles para protegerlas. Incluso, he conversado con allegados al proyecto y se percibe una intencionalidad de los inversores de preservar el patrimonio. Ante estas circunstancias, se hizo el pedido de informe y se pidió su tratamiento sobre tablas, pero el oficialismo lo rechazó, se giró a comisiones. Si no contestan nuestro pedido, insistiremos con la solicitud a través del sistema de Solicitud de Información Pública, donde el Estado tiene la obligación de contestar.», adelantó.
«El objetivo es que las cosas se hagan bien, con transparencia y responsabilidad. Sin impedir el progreso, pero respetando el patrimonio, son bienes no renovables. La importancia de esta iniciativa va más allá de un solo emprendimiento», finalizó.
San Rafael cuenta con otras áreas arqueológicas de relevancia, y este caso podría sentar un precedente para futuras inversiones, asegurando que se tengan en cuenta parámetros de protección y preservación.
