La contienda judicial por los planes de ahorro en Mendoza ha dado un giro dramático. La Cámara Segunda de Apelaciones revocó el histórico fallo de primera instancia que obligaba a las automotrices a recalcular las cuotas por considerarlas abusivas. Con esta resolución, no solo se cae la protección legal que tenían 15.000 familias, sino que se abre una ventana de apenas 60 días para negociar deudas millonarias antes de que comiencen los secuestros prendarios.
La abogada patrocinante, Mariela González, califica la medida como un «dislate jurídico» y prepara un recurso extraordinario ante la Suprema Corte para frenar lo que considera un impacto devastador en la economía familiar. «Es una imposición arbitraria; me ordenan negociar a ciegas deudas de entre 7 y 30 millones de pesos», sentenció en diálogo con FM Vos 94.5.
Tras años de litigio, la justicia mendocina revirtió la sentencia de la jueza Fabiana Martinelli, dejando a los ahorristas en una situación de extrema vulnerabilidad y con el tiempo en contra. «Sinceramente, no me esperaba de ninguna manera esta orden contenida en el fallo que nos da 60 días —hasta el 15 de junio, en días corridos— para negociar con las automotrices. Me impone a mí la carga de negociar las deudas de miles de mendocinos que hoy enfrentan montos de entre 7 y 30 millones de pesos. Cada empresa impone lo que le parece según sus números y, a partir del 15 de junio, ya estarían habilitados para iniciar secuestros prendarios», comunicó la abogada González al inicio del reportaje.
«Es un fallo con una gravedad tremenda. De ninguna manera puedo estar habilitada para negociar semejante cantidad de deudas a ciegas en ese plazo; es una imposición totalmente arbitraria», continuó declarando.
Radiografía del conflicto: 15.000 familias en vilo
La demanda colectiva que hoy mantiene en vilo a miles de ahorristas mendocinos abarca a los suscriptores de ocho de las principales terminales del país. Estas familias enfrentan hoy la desazón de deudas que consideran impagables debido a la metodología de actualización aplicada por las empresas.
Sobre el alcance de la causa, la doctora Mariela González detalló la magnitud del proceso judicial que llegó a la Cámara. «En esta causa específica están involucradas las firmas Volkswagen, Chevrolet, Renault, Citroën, Peugeot, Ford, Toyota y Chery, quedando Fiat en un proceso aparte. Según la información aportada por las mismas automotrices, hay alrededor de 15.000 familias afectadas que hoy se encuentran totalmente desorientadas por el fallo», aseguró.
«Si hiciéramos una encuesta hoy mismo, veríamos que la mayoría no encuentra otra salida más que devolver o directamente entregar los autos», añadió.
El punto más crítico reside en lo que González define como cuotas ilógicas para el perfil del ahorrista promedio. «La realidad es que las automotrices están ofreciendo planes de pago que, sumados a la actualización del valor móvil, superan el millón de pesos por mes. Esto resulta totalmente incompatible con la economía de cualquier ciudadano que accedió a un plan de ahorro, precisamente porque no tenía otra vía para llegar al vehículo que no fuera el pago en cuotas. Es un impacto económico que destruye cualquier presupuesto familiar», sentenció.
Los argumentos de la apelación y el recurso a la Corte
En medio de este fallo, la abogada González trabaja a contrarreloj para presentar un recurso técnico ante la Suprema Corte, cuestionando la falta de ponderación de pruebas clave por parte de la Cámara. «El recurso a la Corte es una vía de excepción y hay que trabajarlo mucho; tengo 15 días hábiles. La Cámara revocó el fallo basándose en que en Argentina la inflación es algo común y que la publicidad engañosa no se podía probar de forma colectiva, sino individual. Sin embargo, en primera instancia habíamos logrado probar que las concesionarias prometían cuotas fijas a través de sus propios proyectos de venta», fundamentó.
«Lo más grave es que la Cámara ni siquiera ponderó el sobreprecio del 14% que logramos probar: ese descuento que la fábrica le reconoce a la concesionaria pero que nunca se traslada al ahorrista como corresponde legalmente. Ese silencio torna nulo el fallo y así lo estamos planteando», amplió.
El dilema del «valor móvil» y la publicidad
La clave del litigio judicial reside en la falta de transparencia sobre cómo se determina el precio del vehículo y la disparidad entre la información que recibió el usuario al suscribirse y la realidad de los pagos actuales.
El conflicto se centra, en primer lugar, en lo que los ahorristas denuncian como una fijación arbitraria del costo de la unidad. «La jueza Martinelli había anulado originalmente la cláusula que dejaba exclusivamente al arbitrio de las empresas la fijación del valor móvil. Se consideró que no se informó adecuadamente a los suscriptores sobre la mecánica de actualización de los valores; la gente simplemente no pudo prever que las cuotas se iban a cuadriplicar de la manera en que lo hicieron», señaló la abogada Mariela González.
Por otro lado, la discusión legal plantea una dicotomía entre el mercado y el fraude. «Si bien el Código Civil establece que los jueces no deben anular cláusulas relacionadas al valor si los bienes están regulados por el mercado, existe una excepción clara cuando se comprueba engaño al momento de la firma. Nosotros logramos probar que existió una promesa de cuotas fijas que era inexistente, como parte de una estrategia de venta nacional», comentó.
«Lamentablemente, la Cámara desestima ahora este punto argumentando que cada caso de publicidad engañosa debería verse de forma individual y no colectiva, invalidando una de las pruebas centrales de nuestra demanda», agregó.
Próximos pasos: la última instancia judicial
Con la amenaza de los secuestros prendarios en el horizonte cercano, la defensa busca una medida cautelar urgente que suspenda los plazos de negociación impuestos. «Estoy trabajando a contrarreloj porque no solo presento el recurso extraordinario, sino que debo pedir la suspensión urgente de esta orden de renegociar deudas exorbitantes. Espero que la Corte atienda las razones porque el impacto económico para la gente es terrible», expresó González.
«El plazo vence el 6 de mayo, pero con la limitación de los 60 días para el secuestro de vehículos, ni siquiera tengo ese tiempo. El objetivo es que la Corte suspenda todo hasta que se resuelva el fondo de la cuestión y se proteja el patrimonio de miles de mendocinos», completó.
