Planes de ahorro: la Suprema Corte de Mendoza frenó los secuestros de vehículos y trae alivio a más de 15.000 ahorristas
La megacausa colectiva que enfrenta a miles de mendocinos con las principales terminales automotrices del país dio un vuelco trascendental en los tribunales provinciales. Tras un fallo de la Cámara de Apelaciones que ponía en jaque a los suscriptores al habilitar el secuestro y la ejecución de las unidades si no cancelaban deudas millonarias, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza intervino de urgencia.
El máximo tribunal de la provincia dispuso la suspensión inmediata de los plazos de ejecución y los secuestros de los vehículos, abriendo un decisivo compás de espera hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre los sobreprecios de las cuotas. La doctora Mariela González, abogada que representa al colectivo de ahorristas damnificados, detalló los alcances de esta medida excepcional, advirtió sobre las intimaciones «exorbitantes» que siguen enviando las empresas y alertó a los usuarios para que no firmen acuerdos particulares que los dejen fuera del amparo judicial.
La intervención del máximo tribunal provincial desactivó de forma directa el límite temporal impuesto por la Cámara de Apelaciones, el cual obligaba a los usuarios a negociar bajo la amenaza inminente de perder sus capitales. «Por suerte hoy tenemos novedades diferentes y muy favorables para la gente. El problema urgente que enfrentábamos era que la Cámara de Apelaciones, en su resolutivo, no solamente había revocado el fallo de primera instancia de la doctora Alicia Martinelli, sino que además había dispuesto que los suscriptores tenían un plazo de 60 días corridos para negociar con las automotrices las deudas acumuladas por las diferencias de la medida cautelar que venía aplicándose desde el año 2020. Tenían tiempo límite hasta el 15 de junio; en caso de no llegar a un acuerdo, las empresas quedaban habilitadas para secuestrar los vehículos de manera masiva. Era una situación absolutamente sustractiva para los ahorristas», relató Mariela González a FM Vos 94.5.
«Ante este escenario de extrema vulnerabilidad, planteé un recurso ante la Suprema Corte de Justicia el 29 de abril y el tribunal, con una celeridad asombrosa y actuando incluso de oficio por la gravedad institucional del tema, resolvió el 23 de junio dictar la suspensión urgente de esa orden de ejecución. Mientras que en otras causas los plazos dependen exclusivamente del impulso del interesado, aquí la Corte comprendió el impacto social y frenó los secuestros. Esto trae un alivio tremendo para miles de familias mendocinas y nos permite esperar con tranquilidad que los magistrados se aboquen al tratamiento del fondo de la cuestión», expresó.
El universo de afectados y el debate técnico de fondo
La resolución judicial congela el estado de desprotección legal de los titulares de contratos prendarios celebrados en un período específico de desfasaje económico. «Si nos basamos en lo informado de forma oficial por las propias terminales automotrices en el expediente, en esta causa en particular hay alrededor de 15.000 ahorristas afectados, abarcando a todas las marcas del mercado con excepción de Fiat. No obstante, los usuarios de Fiat suman unas 16.000 personas más que se tramitan en otra causa colectiva conexa. Por eso, cuando hablamos del impacto total del conflicto de los planes de ahorro en Mendoza, siempre llegamos a un número redondo de aproximadamente 30.000 o un poquito más de personas involucradas, ya que lo que se resuelva en las instancias superiores de esta causa terminará afectando indefectiblemente a la otra», explicó la letrada.
«Todos los colectivistas que contrataron sus planes entre los años 2013 y septiembre de 2019 se encontraban en un riesgo real de ejecución. Ahora, el próximo paso es que las automotrices contesten el recurso en un plazo de diez o quince días hábiles. Luego, la Suprema Corte analizará el fondo: determinar si estuvo bien aplicado el sobreprecio del 14% en los valores móviles de los vehículos y revisar todo el desglose técnico que la doctora Martinelli resolvió originalmente y la Cámara revocó», comentó.
«Calculo que a fines de este año o principios del próximo tendremos una sentencia definitiva. Al tratarse de una causa colectiva de esta envergadura, el expediente no se dirime en una sala pequeña, sino que requiere el dictamen en pleno de los siete ministros de la Corte«, aseguró.
Inseguridad jurídica y la advertencia por intimaciones millonarias
Desde la dirección legal de la causa advierten que las empresas emisoras de los planes sostienen una estrategia de presión extrajudicial mediante notificaciones con montos desmedidos, buscando que los usuarios renuncien a la acción colectiva de forma involuntaria. «No existe ninguna posibilidad de que las automotrices apelen esta suspensión ante la Corte Suprema de la Nación para revertirla, porque se trata de una medida de ordenamiento del procedimiento. A la Nación solo se pueden elevar sentencias definitivas y esto es un parate técnico fundamental. De lo contrario, se hubiese generado una inseguridad jurídica tremenda: ¿Para qué iba la Corte de Mendoza a ponerse a discutir si el valor de la cuota móvil era correcto o no, si en el transcurso del debate la gente ya se iba a quedar sin sus autos por culpa de los secuestros previos? Carecía de sentido lógico», consideró González.
«Lo que hoy más me preocupa es que los suscriptores continúan recibiendo intimaciones extrajudiciales sumamente agresivas por parte de las automotrices, exigiéndoles pagos de montos exorbitantes que oscilan entre los 12 y los 30 millones de pesos, cifras que en muchos casos superan holgadamente el valor real de mercado de los propios vehículos. Les proponen refinanciar esas deudas ficticias en cuotas de 500.000 pesos que se van actualizando mensualmente durante cuatro años más. Les pido encarecidamente que se asesoren, que tengan a mano la resolución de la Corte que frena las ejecuciones y que no corran a firmar esas propuestas», aconsejó.
«Si aceptan esos planes individuales, quedan excluidos automáticamente de la causa colectiva y perderán el derecho a beneficiarse de un fallo favorable de la Suprema Corte. Hoy no existe la necesidad legal de hacer frente a esas deudas gigantes porque la Justicia dispuso todo lo contrario», confirmó al cierre de la comunicación.