Polémica en Córdoba por dietas en Toledo
La localidad cordobesa de Toledo quedó envuelta en una fuerte controversia política luego de la aprobación de una ordenanza que redefine el cálculo de las dietas de concejales y miembros del Tribunal de Cuentas. El intendente Sergio Marín denunció que la normativa habilitaría sueldos cercanos a los 12 millones de pesos, mientras que desde el Concejo Deliberante desmintieron esa interpretación y hablaron de un error en la redacción.
La iniciativa fue aprobada sobre tablas con cinco votos a favor y dos en contra, sin tratamiento previo en comisión, lo que generó cuestionamientos desde el Ejecutivo municipal. El punto más discutido es el artículo que establece que las dietas equivalen al 2 por ciento del presupuesto total del municipio, estimado en unos 7.400 millones de pesos.
A partir de esa fórmula, el intendente sostuvo que cada funcionario podría percibir más de 12 millones mensuales. “Hicimos el cálculo y el monto es ese. No salimos del asombro”, expresó, al tiempo que calificó la medida como “un despropósito” y cuestionó el contexto en el que fue aprobada.
Cruce político y versiones contrapuestas
Desde el Concejo Deliberante rechazaron la acusación y aseguraron que se trata de una interpretación incorrecta. Según explicaron, el porcentaje fijado corresponde a un monto total que debe repartirse entre diez cargos, lo que reduciría significativamente el ingreso individual.
El concejal Marcelo Márquez detalló que la cifra final por persona rondaría poco más de un millón de pesos y que, con descuentos, quedaría en aproximadamente 830 mil pesos. Sin embargo, admitió que la redacción puede prestarse a confusión y adelantó que impulsarán una modificación para dejar en claro el criterio de distribución.
En la misma línea, la presidenta del cuerpo, Ivana Toledo, afirmó que la legislación vigente impide que los ediles perciban sueldos de ese nivel y sostuvo que nunca se aprobaría un esquema de esas características. Además, aseguró que la ordenanza formaba parte de un acuerdo previo con el Ejecutivo para actualizar ingresos.
El intendente, por su parte, anticipó que avanzará con el veto de la norma y no descartó llevar el caso a la Justicia si el Concejo insiste con su implementación. También cuestionó a los concejales que acompañaron la medida y planteó contradicciones con los discursos políticos sobre austeridad.
El conflicto dejó al descubierto una fuerte tensión institucional en una localidad con recursos limitados, donde las diferencias políticas se combinan con interpretaciones técnicas de la normativa. Mientras el Ejecutivo insiste en que la redacción habilita sueldos elevados, el Concejo asegura que corregirá el texto para evitar confusiones.