El abogado laboralista Raúl Oyola se refirió al anuncio realizado por el Gobierno de la Nación, el cual atiende a un viejo pedido de diferentes sindicatos del país y que regirá solo para las relaciones laborales nuevas.
“Esta modificación que limita la libertad de elección de la obra social es solo para relaciones laborales nuevas, de ahora en adelante, y no para quienes ya están trabajando. Toda persona que ingresa a un nuevo trabajo, un comercio, por ejemplo, le tocaría la obra social de Empleados de Comercio, si es en construcción, la de UOCRA, y así sucesivamente. Con este decreto tiene que estar un año completo para luego hacer opción por otra obra social o prepaga”, indicó a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
Sobre el porqué de esta decisión que ha tomado el Gobierno de Alberto Fernández, el letrado dice que podría ser por una deuda histórica del Estado. “Las obras sociales sindicales vienen reclamando una deuda millonaria que les debe el Estado, como el régimen es solidario, es decir, que un empleado nuevo aporta para el que más gastos genera, en este caso, la persona de mayor edad, hay una pelea entre prepagas y obras sociales de sindicatos porque las prepagas intentan captar a los trabajadores de entre 20 y 35 años, que generan ingresos pero no gastos”, añadió.
Traspasos de obras sociales
Oyola también se refirió a la cantidad de traspasos que hay de obras sociales. “Este fenómeno se da porque hay incumplimiento de prestaciones. Por ejemplo, ingresan muchos amparos judiciales al sector de salud porque la gente no recibe la cobertura indicada tanto de obras sociales como de prepagas, a las que uno paga pensando que tendrá esa cobertura. Esto se agravó en pandemia”, señaló.
“En el primer año uno queda cautivo, hay muchas obras sociales que porque no tienen convenio u otro argumento, no dan las prestaciones médicas obligatorias del sistema de salud, la gente no puede ser víctima de esta situación porque a se les descuenta todos los meses para el aporte de la obra social; todo se termina en la Justicia federal ordenando que se dé esa cobertura”, agregó el abogado.
Por último, Oyola estima que en esta decisión “puede haber alguna cuestión política y la disputa de fondo está en la masa de trabajadores de entre 20 y 35 años”.
