Polémica por la vacunación escolar

Días atrás, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia informó que a partir del ciclo lectivo 2018 el calendario de vacunación escolar se llevará a cabo sin requerir la autorización de los padres como ocurría hasta ahora.
Desde la cartera sanitaria se detalló que la nueva modalidad incluye una notificación a los padres (que no necesariamente debe volver firmada) con el único objetivo de informar el día en que se producirá la vacunación y a fin de que los chicos concurran con el carnet de vacunación o la libreta de salud al establecimiento educativo.
La decisión gubernamental se basa en el artículo 11 de la ley 22.909 que reza: “Las vacunaciones a que se refiere esta ley son obligatorias para todos los habitantes del país, los que deben someterse a las mismas de acuerdo a lo que determine la autoridad sanitaria nacional con respecto a cada una de ellas. Los padres, tutores, curadores y guardadores de menores o incapaces son responsables, con respecto a las personas a su cargo, del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior”. El espíritu de este apartado de la ley es poner el bien social por encima del derecho individual de aprobar o no dichas vacunaciones.
No obstante la puntual letra de la norma, desde el Ministerio también se aseguró que es poco probable que se impongan sanciones a los mayores responsables que se nieguen a la inoculación. En ese caso –según se detalló- se notificará al órgano administrativo local correspondiente, que deberá determinar las medidas a adoptar.
La polémica ha surgido entre sectores sociales que se niegan a la vacunación compulsiva de sus hijos ya que aseguran que muchas vacunas son contraproducentes para el organismo humano en determinadas circunstancias.
Más allá de posturas filosóficas que pudieran resultar respetables, la gran mayoría de los países adopta estos tratamientos para tender a optimizar la salud pública por lo que su implementación pareciera ser el camino más lógico.