El debate en torno a los derechos de los consumidores y la salud pública sumó un nuevo capítulo de tensión en Mendoza tras confirmarse el ingreso en el Congreso de la Nación de un proyecto oficialista que busca derogar la Ley 27.642, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa, que pretende eliminar por completo la obligatoriedad de los octógonos negros en los envases, encendió las alarmas de los especialistas en el área.
Mario Vadillo, abogado, referente político y reconocido defensor de los derechos del consumidor en la provincia de Mendoza, manifestó su absoluto repudio a la medida. El especialista advirtió que la supresión de la norma no busca optimizar el sistema, sino responder a los intereses económicos de los grandes conglomerados alimenticios, lo que representaría un grave retroceso en la protección de la salud de la población, especialmente de la infancia.
La intencionalidad detrás de la quita de los octógonos
Para los sectores que defienden la permanencia de las advertencias nutricionales, la estrategia de avanzar hacia una eliminación total de la norma expone un claro sesgo en favor de las corporaciones y en detrimento de los ciudadanos. «Es fundamental poner la lupa sobre lo que verdaderamente se está discutiendo. El Gobierno nacional busca la derogación absoluta y no una modificación, una sustitución o la presentación de un proyecto alternativo para mejorar la aplicación de la norma. Con esto, evidentemente, lo que se pretende es retornar al estado anterior que tenía la industria alimentaria, donde las empresas podían elaborar cualquier producto con excesivos niveles de sal, azúcar o grasas saturadas sin ningún tipo de advertencia. Hoy, las compañías se ven obligadas a cuidar sus fórmulas si quieren evitar el rótulo negro, porque saben perfectamente que el consumidor, al ver la advertencia, muchas veces desiste de seleccionar ese producto porque entiende que perjudica su salud», explicó Mario Vadillo en una entrevista que brindó a FM Vos 94.5.
«Cuando se observa que la vía elegida es borrar la ley por completo, queda claro el peso del lobby de industrias muy grandes que operan en la Argentina, como Danone o Arcor. Existen intereses económicos de miles de millones de pesos para poder seguir comercializando fórmulas que están diseñadas para ser adictivas a base de grasa, sodio y azúcar», denunció.
Estadísticas alarmantes y la desprotección de la infancia
La vigencia de la ley no solo actúa como un indicador de compra en la góndola, sino como un escudo regulatorio que limita las estrategias de marketing que las empresas dirigen hacia los menores de edad. «En la Argentina nos enfrentamos a problemas de salud pública sumamente graves; casi el 70% de la población general tiene sobrepeso y registramos cerca de un 40% de obesidad en nuestros niños y niñas. Al derogar la ley, también se destruye un capítulo central y sumamente valioso que es la protección de la infancia. La norma actual prohíbe de forma expresa que los alimentos con octógonos incluyan en sus paquetes personajes de películas, figuras deportivas o frases que confundan a los más chicos, bloqueando que la adicción alimentaria se consolide desde la niñez. Es muy complejo apostar únicamente a la educación nutricional si en la góndola se permite la falta de información o el engaño», planteó.
«Las tablas nutricionales tradicionales integradas al dorso de los envases son tan complejas que resultan casi imposibles de interpretar para el ciudadano común; los rótulos frontales, en cambio, auxilian de forma rápida y visual a los sectores más vulnerables de la sociedad», agregó.
Patrones de consumo y el fenómeno de la progresividad legal
La discusión sobre la efectividad de las advertencias negras coincide con una transformación global en las conductas de compra de la sociedad, que se inclina hacia hábitos más saludables. Al analizar el impacto real en la población, el principal argumento radica en su efectividad comprobada: a diferencia de la Argentina, que cuenta con una implementación de carácter reciente, países de la región como Chile acumulan ya una década de estadísticas y series históricas que ratifican el impacto positivo y directo del etiquetado frontal en la conducta diaria de los consumidores, consolidándose como una herramienta de salud pública de alta eficacia.
Este fenómeno se inserta en un cambio cultural más profundo que se evidencia de forma nítida en el mercado interno. En las góndolas locales se refleja una creciente demanda de alimentos funcionales y altos en proteínas, en paralelo a un auge sin precedentes en la apertura de espacios de entrenamiento y gimnasios. Ambas tendencias demuestran que los consumidores están modificando sus patrones culturales de manera autónoma, buscando una alimentación consciente y evitando deliberadamente aquellos productos altamente ultraprocesados que saturan sus composiciones de aditivos nocivos.
La correlación de estas variables termina impactando en sectores comerciales tradicionalmente consolidados, registrando una marcada caída en bebidas industriales y destilados. «Este cambio cultural y de concientización es el que explica también por qué la industria de las bebidas alcohólicas y la cerveza están registrando caídas significativas en sus niveles de consumo general», analizó el especialista Mario Vadillo.
Bajo esta postura, la eliminación de los octógonos negros no solo privaría al usuario de un derecho informativo básico, sino que marcharía a contramano de una transición civilizatoria donde la población exige conocer al detalle el valor real de lo que introduce en su organismo.
Un retroceso sistemático en los derechos ciudadanos
Desde la perspectiva de la defensa del consumidor, el intento de eliminar el etiquetado frontal no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un desmantelamiento generalizado de conquistas sociales e incentivos financieros. «El proyecto ya ingresó formalmente al Congreso y las presidencias de las comisiones donde debe evaluarse están en manos del oficialismo, por lo que estimamos que obtendrá dictamen rápidamente para ser tratado en el recinto», anticipó el abogado.
«Lo alarmante es que el Estado, en lugar de sostener el principio de progresividad que rige en materia de derechos y defensa del consumidor —donde cada ley debe mejorar y profundizar la protección anterior—, está impulsando retrocesos muy severos en múltiples áreas», añadió.
«Lo vimos hace pocos días cuando eliminaron los pasajes gratuitos en el transporte de media y larga distancia para personas con discapacidad y niños bajo tratamiento oncológico, y lo vemos también con el avance contra la Ley de Zona Fría, que reconocía una tarifa diferenciada de gas para regiones con climas hostiles. Estamos asistiendo a una gestión con decisiones muy erradas y marcadamente pro-empresas, donde las firmas distribuidoras y productoras de energía o alimentos mejoran su performance y saltan en la bolsa de valores a costa de licuar el bolsillo y la salud de la gente«, manifestó al cierre de la conversación.
