El conflicto por la actualización de los haberes jubilatorios de los policías y penitenciarios retirados provocó un peloteo entre el Ejecutivo provincial y Anses, en medio de una complicada protesta en Casa de Gobierno. Pero ahora la Provincia aseguró que ya completó la información correspondiente para que los ex agentes puedan cobrar las movilidades atrasadas. En este caso, se pagarán en diciembre y en enero, aunque todavía está pendiente el dictamen final de la Anses.
Los reclamos se hicieron sentir el 3 de noviembre con una movilización de la llamada “familia policial” organizada por Ampuppol, la mutual del personal que reviste funciones en el Ministerio de Seguridad. El trasfondo de la queja era un atraso en la actualización de las jubilaciones de, al menos, unos 6 meses según confiaron en su momento las fuentes consultas.
Dos semanas después de estos incidentes, la gestión de Rodolfo Suarez informó que desde la Oficina Técnica Previsional (OTP), un órgano que depende del Ministerio de Gobierno, se completaron “los actos útiles pertinentes para que los policías y penitenciarios jubilados y pensionados cobren las movilidades de los meses agosto, setiembre y octubre”.
Desde la Provincia detallaron que esta deuda se pagará con los haberes del mes de enero.
Además, se aprobó que en diciembre se realice el pago de mayo, junio y julio.
El Ejecutivo también señaló que la operación ya “fue aprobada por el ANSES en el día de la fecha, lo que demuestra que Provincia ha remitido en tiempo y forma toda la documentación para que se abonen estas movilidades”.
Desde Gobierno explicaron que “se envió toda la documentación completa y luego recibimos la contestación de la ANSES, donde solicita que se divida en tres expedientes con ampliación de documentación”.
Pero, agregaron, que todavía están pendientes de aprobación dos adicionales por parte del organismo de previsión social que dirige María Fernanda Raverta: por un lado, uno por Seguridad, que fue rechazado por el organismo previsional nacional en octubre y la Provincia reiteró el pedido este miércoles; por otro lado, un adicional por Fortalecimiento. Ambos decretos se encuentran en revisión por parte de Anses.
Un plazo de diez días
Por su parte, ante la consulta de El Sol, desde la regional Mendoza del organismo previsional señalaron que la Provincia ya logró, a priori, un dictamen “favorable”, pero todavía falta que la Unidad de Trámites Jurisdiccionales de su aval definitivo.
Esta oficina es la que concentra todo este tipo de trámites en el país, por lo que desde la seccional local tomaron distancia al indicar que “la regional no dictamina”, principalmente, luego del ida y vuelta con el Gobierno por el atraso.
En general, este tipo de trámites dura alrededor de 60 días en tiempos normales, y la aprobación de las actualizaciones de los haberes por parte de la UTJ alcanza unos diez días. “Nos dicen que están en plazo”, confirmaron desde Anses Mendoza.
En el nudo del conflicto, que explotó con la movilización a Casa de Gobierno, la Provincia adjudicó las demoras a la Anses y este organismo le achacó a la gestión de Rodolfo Suarez el haberse tardado -e incluso “haberse manejado con liviandad”- alrededor de 8 meses el envío de esta documentación. Esto, sumado a los aumentos salariales que fue otorgando el Gobierno de Mendoza por la escalada inflacionaria, hicieron que se “hiciera toda una pila”.
Por eso, desde el organismo resaltaron que no tuvieron el mismo problema con otras ocho provincias que se encontraban con la misma situación de actualizar los haberes jubilatorios, pero que enviaron la documentación a término.
Aquella manifestación por la deuda, terminó con la imputación del titular de la mutual, Omar Alcalde, por el delito de incitación a la violencia colectiva, un hecho que está penado por el artículo 212 del Código Penal, que contempla de 3 a 6 años de prisión.
Fuente: El Sol
