Se trata de una orden de arresto emitida por la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti, en el marco de una causa por “robo” en la que está imputado, así como otra emitida desde la Justicia de Mendoza luego de que quedó firme un fallo condenatorio de 2016.
La causa que el fiscal Javier Giaroli lleva adelante contra un grupo de delincuentes acusados de robos y asaltos, entre los que se encuentran imputados dos policías en actividad, arrojó otro sorprendente detalle, relacionado con César Noel “Timón” Sosa, quien también era parte de la banda y se encuentra preso en la cárcel de la avenida Mitre, al igual que el agente policial Jonathan Osorio y Franco Peralta Godoy.
Según pudo confirmar este diario a través de fuentes judiciales, Giaroli recibió en su despacho un escrito del Poder Judicial de Río Negro en el que constaba una orden de arresto contra “Timón” Sosa emitida por la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti, en el marco de una causa por “robo” en la que está imputado. Este pedido se suma a otro emitido desde la Justicia de Mendoza luego de que quedó firme un fallo condenatorio de 2016.
Lo llamativo del asunto es que el pedido de captura de Río Negro fue emitido en el año 2015 y desde esa provincia afirman que –desde entonces– cada dos meses oficiaban de la solicitud de arresto a varias dependencias, entre ellas la Policía de Mendoza. Eso generó nuevamente “ruido” en los tribunales locales.
Es que el caso de Río Negro se suma a otro insólito hallazgo de Giaroli relacionado con Sosa y tiene que ver con una condena por robo agravado que recibió en el año 2016. En ese debate fue penado con 5 años de cárcel y como a esa instancia llegó en libertad, continuó en esa condición ante la apelación que hizo su defensor. El fallo fue confirmado dos años más tarde, pero pese a que se ordenó su captura, permaneció en libertad hasta que cayó por la entradera en calle Ortubia de Las Paredes a fines de 2019, ya que nunca antes se ejecutó esa orden judicial.
Sosa, con dos pedidos de captura en su contra, uno de la Justicia de Río Negro emitido en 2015 y otro efectuado por la Justicia de Mendoza tras quedar firme el fallo condenatorio de 2016, continuó en libertad como cualquier otro ciudadano, debido a que la Policía de Mendoza nunca ejecutó las órdenes libradas por la Justicia.
Ahora Giaroli, al conocer la nueva orden de arresto que pesaba sobre Sosa, buscará confirmar los oficios que llegaron desde Río Negro. De confirmar las notificaciones, abrirá una nueva investigación para determinar por qué no se concretó ese arresto, el cual –de haberse producido– hubiese impedido que Sosa llegue en libertad al juicio de 2016 y que continuara en libertad a pesar de la condena emitida en ese entonces.
En conclusión, Sosa permaneció en calidad de “prófugo” a partir de un pedido de captura emitido desde Río Negro por robo y otro de la Justicia de Mendoza, tras quedar firme un fallo por el que fue condenado a 5 años de prisión. Siempre vivió en la misma casa, por lo que su detención –a priori– no era una misión imposible para la Policía. Ante esa situación, se abren dos interrogantes por la permanencia en libertad de Sosa: ¿fue negligencia, torpeza o desidia, o bien existió connivencia por la que el delincuente, con dos pedidos de captura sobre sus espaldas, continuó en libertad y, de hecho, siguió cometiendo hechos delictivos?
