La vitivinicultura local atraviesa una de las crisis más complejas de su historia reciente, marcada no solo por una retracción en el consumo interno y la pérdida de rentabilidad, sino también por una inédita falta de transparencia regulatoria según advierten. Tras la difusión de las métricas de cosecha por parte del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) —que arrojaron una caída general del 8% a nivel país y de un 12% en Mendoza—, los principales actores de la cadena manifestaron su escepticismo frente a los datos oficiales.
Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), lanzó duras críticas hacia la actual conducción del organismo de control, denunciando el desmantelamiento de los registros históricos de elaboración. Según el directivo, este escenario de desinformación paraliza el mercado, favorece la concentración comercial y condena a los productores primarios a percibir valores que se ubican drásticamente por debajo de sus costos operativos.
La polémica por el fin de la fiscalización y los datos de cosecha
La reducción en los volúmenes de uva ingresados a las bodegas durante este ciclo excede las causales climáticas habituales, vinculándose de manera directa con el abandono de parcelas por falta de incentivo económico. Sin embargo, para la UVA, el mayor inconveniente radica en la pérdida de metodologías de medición fiables. «Hay que desglosar los números por partes. Primero, es necesario aclarar que el porcentaje de disminución que plantea el Instituto Nacional de Vitivinicultura lo hace comparando sobre su propio pronóstico y no respecto a la cosecha efectivamente realizada el año pasado; bajo esa óptica, la caída real es de un 6% aproximadamente. La gran mayoría de los actores que mueven volumen y realizan elaboraciones importantes, sobre todo en la Zona Este, que es la más fuerte, consideraban que la merma territorial era significativamente mayor debido al abandono de viñedos y la falta de curación. Pero el trasfondo es otro. Estamos ante una cosecha donde el Instituto no fiscalizó», sentenció Sergio Villanueva de entrada.
«Es la primera vez en 67 años de historia que el organismo no realizó controles de cosecha en las bodegas; los inspectores permanecieron dentro del edificio mirando una pantalla donde ingresaban declaraciones digitales a través de sistemas de CIU que ni siquiera querían procesar. La cosecha es lo que es, pero se dio en un marco de absoluta desregulación», afirmó en medio de la entrevista que brindó a FM Vos 94.5.
El «apagón numérico» y la judicialización de los registros
La eliminación de formularios clave que permitían determinar de forma anticipada el destino de la materia prima ha generado un vacío de información que, según el sector industrial, fomenta la especulación y destruye la previsibilidad de los precios. «En este proceso de desarme del organismo, el Comprobante de Ingreso de Uva (CIU) se terminó aplicando únicamente porque existe una resolución de la Justicia que obligó al Instituto a mantenerlo, de lo contrario lo hubiesen eliminado. Pero luego, de manera amañada, la conducción interpretó que no correspondía aplicar la Declaración Final de Cosecha, que es el documento donde las bodegas informan con precisión cuánto de lo ingresado se transformó en vino y cuánto se destinó a mosto concentrado», explicó Sergio Villanueva.
«Técnicamente, eliminaron esa columna del formulario de finalización, denominado SEC 05. Por lo tanto, hoy el mercado solo tiene un dato crudo. Se sabe que se cosecharon 18,3 millones de quintales a nivel país, pero nadie sabe qué se elaboró. Al no conocer si el nivel de mosto se ubicó en el 20% o el 25%, se produce un verdadero apagón estadístico. Antes, los datos se liberaban el 1 de junio; hoy liberaron los kilos de forma inmediata y todo lo demás quedó bajo un manto de especulación. Esto paraliza el mercado y congela las operaciones», aseguró.
Sobrestocks elevados y precios ruinosos para el productor
El desequilibrio entre la oferta de vino acumulada en los establecimientos y la debilidad de la demanda empuja las cotizaciones del mercado de traslado hacia umbrales históricamente bajos. Al analizar este escenario, el primer factor crítico radica en el exceso de inventarios. El sector actualmente arrastra un stock vínico remanente equivalente a nueve meses de consumo, un nivel críticamente elevado si se lo compara con el punto de equilibrio técnico de la actividad, el cual se fija habitualmente entre los cuatro y seis meses para garantizar la fluidez de las operaciones y la estabilidad de los valores de comercialización.
Esta parálisis comercial no afecta a todos los segmentos por igual, ensañándose especialmente con las variedades en rojo. Los tintos —con el Malbec a la cabeza— concentran el mayor excedente de litros acumulados en las vasijas, reflejando el freno en las ventas domésticas; por el contrario, las variedades blancas exhiben un panorama levemente más aliviado debido a una mayor dinámica en los despachos hacia los mercados externos, configurando una brecha de rentabilidad muy marcada según el tipo de cultivo de cada finca.
La consecuencia directa de estas dos variables combinadas se traduce en valores de remate que amenazan la continuidad de los productores independientes. «La batalla por el precio se perdió de forma absoluta. Estamos hablando de variedades generales que se pagaron a 200 pesos el kilo al productor, mientras que el litro de Malbec genérico en el mercado de traslado cotiza a escasos 400 pesos. Con estos valores, el sector primario es inviable», alertó el dirigente Sergio Villanueva.
Este derrumbe en la cotización del vino a granel deja en evidencia que el eslabón más débil de la cadena está transfiriendo su producción por debajo de los costos de labranza, consolidando un esquema de descapitalización rural que acelera el abandono de los viñedos tradicionales de la provincia.
La paradoja de la exportación y los ganadores del modelo
A pesar de sostenerse los volúmenes de despacho hacia el exterior, la falta de rentabilidad en el mercado interno condiciona los balances de las empresas integradas y acelera las asimetrías sectoriales. «Esta política orientada a destruir la estructura técnica del Instituto Vitivinícola tiene claros ganadores y perdedores. El principal ganador es el gran comprador concentrador. Las bodegas integradas, aquellas que poseen producción propia y asumen costos reales de cultivo, hoy deben competir en una posición de extrema desigualdad frente a estructuras que salen a vender vino fraccionado a precios ridículamente bajos porque compran la materia prima a los productores por debajo de los costos de producción», declaró el gerente de UVA.
«Las exportaciones de vino a granel y de mosto concentrado que se están concretando hacia el exterior responden a una lógica de remate: se vende para descomprimir los tanques y generar liquidez, pero no porque el precio internacional represente un negocio genuino. Esta dinámica destruye el capital del viñatero y desalienta cualquier proceso de integración cooperativa», añadió.
Cambios de hábitos: contracción en supermercados y refugio en el almacén de cercanía
La persistente recesión que afecta a los bienes de consumo masivo impacta de forma directa sobre las decisiones de compra en las góndolas, modificando los canales tradicionales de comercialización del vino. «Cuando analizamos los informes de distintas consultoras que miden los puntos de venta en tiempo real, el diagnóstico es contundente. Hay una caída generalizada en el consumo masivo y el vino, al no ser un producto de primera necesidad, sufre el impacto directo del recorte en los hogares. Estamos observando un cambio de hábito muy marcado en la sociedad. Existe una caída muy fuerte en las ventas de las grandes cadenas de supermercados y un traspaso de la demanda hacia el canal tradicional de cercanía, como el almacén de barrio. El consumidor ya no hace grandes compras mensuales, compra ‘de a puchito’, lo del día», indicó Villanueva.
«Para corregir este desequilibrio estructural y mantener la superficie plantada en las provincias, es indispensable contar con datos fehacientes. Si logramos recuperar un mapa estadístico claro y existe la voluntad política de los gobernadores de las provincias vitivinícolas —ya que el gobierno nacional claramente no la tiene—, podremos diseñar herramientas para diversificar el uso de la uva hacia el mosto, el consumo en fresco o el granel, y encontrar así el punto de equilibrio que devuelva la esperanza al sector», dijo al cierre del reportaje.
