Preparan una demanda colectiva histórica con cientos de miles de adhesiones contra la reforma de la Ley de Glaciares
La acción judicial podría presentarse en los próximos días y ya suma más de 450.000 adhesiones. Apuntan a la inconstitucionalidad de la modificación y alertan por posibles daños ambientales irreversibles.
La reciente modificación de la Ley de Glaciares, con fines mineros, aprobada en el Congreso nacional abrió un nuevo frente de conflicto que ahora se trasladará al ámbito judicial. Organizaciones ambientalistas, junto a especialistas en derecho ambiental, avanzan en la preparación de una demanda colectiva que buscará frenar la aplicación de la norma por considerarla inconstitucional. En ese marco, el abogado especialista en derecho ambiental Gonzalo Vergez explicó los alcances de la iniciativa y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la reforma.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, Vergez detalló que la presentación aún no se concretó, pero se encuentra en etapa de organización y convocatoria. “Es una acción que todavía no se ha presentado, que se están convocando a quienes quieran formar parte”, señaló, y agregó que “se espera sea la acción colectiva más importante de la historia argentina”.
El interés social en torno al tema se refleja en la cantidad de adhesiones que ya ha reunido la iniciativa. “Hasta la noche de ayer (jueves), había más de 450.000 personas anotadas para sumarse en defensa de los glaciares”, indicó Vergez, quien remarcó que este nivel de participación demuestra la preocupación existente por los cambios introducidos en la legislación.
En cuanto a los fundamentos jurídicos, el abogado explicó que el eje central del planteo será la inconstitucionalidad de la reforma. “Es un planteo que conlleva, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad de la modificación”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la nueva normativa implica un retroceso en materia ambiental al modificar los presupuestos mínimos establecidos previamente.
“Hay una vulneración de este piso mínimo que establecía la Ley de Protección de Glaciares”, expresó, y agregó que “eso ya en sí mismo se considera una regresión ambiental”. Según detalló, uno de los aspectos más cuestionados es la transferencia de facultades a las provincias, lo que rompe con el criterio de protección uniforme a nivel nacional.
Al respecto, explicó que la reforma “vulnera efectivamente la uniformidad que tenía la ley en materia de toma de decisiones” y que ahora “deja criterio de las provincias la definición de distintas zonas y el avance progresivo de la actividad minera en zonas en las cuales estaba prohibida”. Para Vergez, este cambio se dio en un contexto que calificó como “un marco de falsa federalidad”.
Otro de los puntos clave es la posibilidad de solicitar una medida cautelar que suspenda la aplicación de la ley mientras se resuelve la cuestión de fondo. “Sí, sin duda, probablemente vaya acompañado de una medida cautelar”, adelantó. En ese sentido, advirtió sobre la urgencia de intervenir judicialmente: “Hay una urgencia en el freno de la aplicación de esta normativa para evitar daños irreversibles”.
El especialista también vinculó el debate con el contexto global del cambio climático y cuestionó la falta de consideración de este factor en la discusión legislativa. “No es un buen contexto para la defensa jurídica del cambio climático en este contexto actual”, sostuvo, y añadió que “un glaciar no es solo una reserva de agua dulce, sino un factor de incidencia climática relevante a nivel mundial”.
En esa línea, remarcó la necesidad de incorporar esta perspectiva en todas las instancias institucionales. “El factor climático tiene que estar incorporado en cada demanda, en cada presentación, en cada debate legislativo”, afirmó, al tiempo que lamentó que este aspecto no haya tenido el peso necesario en el tratamiento de la reforma.
Respecto a los plazos, Vergez indicó que la demanda podría presentarse en el corto plazo. “Probablemente en unos 10, 15 días esté presentada”, señaló, anticipando así el inicio de una nueva etapa en el conflicto.
Finalmente, subrayó que, tras la sanción legislativa en Diputados, el escenario se traslada ahora a la Justicia. “Empieza una etapa de judicialización”, expresó, y consideró que “la inseguridad jurídica efectivamente se está poniendo en evidencia”.
En ese contexto, convocó a la ciudadanía a seguir participando activamente. “Invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta nueva etapa y a formar parte del reclamo legítimo en materia jurídica y ambiental”, concluyó.