Prestadores de discapacidad denuncian que el irrisorio aumento de aranceles del 5,78% no alcanza para sostener los servicios
Transportistas y profesionales del sector aseguran que los valores están retrasados cerca del 50% y que los pagos de obras sociales y organismos públicos llegan con demoras de hasta 7 meses. La situación pone en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales.
El reciente incremento del 5,78% en los aranceles para prestaciones destinadas a personas con discapacidad generó preocupación entre los prestadores del sector, que consideran que la actualización es insuficiente frente al atraso acumulado en los valores y las demoras en los pagos. El transportista de personas con discapacidad Maximiliano Llorens detalló a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 la situación que atraviesan quienes brindan estos servicios en el sur provincial.
“Este 5,78% se debe a lo que se llama la Ley de Emergencia en Discapacidad, por la que venimos luchando hace mucho para que se apruebe, por decirlo así”, explicó, y agregó que “después de un fallo judicial, el Estado ha dado marcha a esta Ley de Emergencia en Discapacidad y la está plasmando”. Sin embargo, remarcó que la actualización resulta insuficiente. “Siempre es bueno un aumento, pero es realmente muy bajo porque nuestros aranceles vienen muy quedados en el tiempo”, sostuvo. “Hoy estamos a un 50% de lo que deberíamos realmente percibir por nuestras prestaciones”.
El transportista indicó que el servicio que prestan consiste en trasladar a personas con discapacidad a distintas actividades, terapias o centros educativos. “Nosotros somos transportistas de las personas con discapacidad para diferentes actividades. Es como si fueras, para que la gente entienda, un taxi de las personas con discapacidad”, explicó. Estos traslados incluyen centros de día, consultas médicas, tratamientos de estimulación y otras terapias.
Respecto a la determinación de los valores, Llorens explicó que existe un sistema oficial. “Hay un nomenclador oficial que se está rigiendo a través del Gobierno. El Gobierno va imponiendo los aumentos de valores tanto para transporte como para otras prestaciones”, señaló. El incremento, dijo, ya fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina y rige desde febrero. “Tiene aplicación ahora a partir de febrero y se verá reflejado cuando se facture desde marzo”, precisó.
En cuanto a la cantidad de prestadores en la región, el transportista estimó que “en el sur provincial, lo que es Malargüe y San Rafael, hay unos 120 autos y unos 60 prestadores”. Sin embargo, aclaró que el número total de profesionales vinculados a la discapacidad es mucho mayor. “Si sumamos diferentes profesionales, debe haber mil prestadores fácil”, afirmó.
Los valores por kilómetro también reflejan el atraso. “Siempre se paga el kilómetro, que hoy con el aumento va a quedar en 7,62 aproximadamente”, detalló, y explicó que esos montos son iguales sin importar si el traslado se realiza en fin de semana o día hábil.
Otro punto crítico es la demora en los pagos. Según explicó, los servicios se facturan a obras sociales que dependen del Estado. “Todos los presupuestos vienen del Estado a través de las obras sociales. Cuando te dan el alta de la prestación se empieza a facturar y cobramos 2 o 3 meses después”, señaló. En muchos casos, el retraso es mayor. “Siempre estamos hablando de 30, 60 y hasta 90 días para cobrar. Tengo colegas que con algunas obras sociales vienen con un atraso de 6 o 7 meses y todavía no reciben el dinero”, afirmó, mencionando casos vinculados a programas como Incluir Salud.
La situación impacta directamente en la continuidad de los servicios. “Ustedes imagínense, realmente se hace insostenible”, dijo Llorens. “Hoy en día estamos en 60 o 90 días a partir de que se hace la factura y en algunos casos de provinciales o nacionales hay un atraso más grande todavía”.
Los prestadores remarcan que la actividad implica costos crecientes en combustible, mantenimiento de vehículos, seguros y salarios, lo que hace difícil sostener el servicio con aranceles retrasados. “Realmente por ahora sigue siendo insostenible mantener servicios para brindarles a las personas que más lo necesitan”, insistió.
Desde el sector sostienen que continuarán reclamando una actualización acorde a los costos reales y una mejora en los tiempos de pago. La preocupación es compartida por transportistas, terapeutas, centros de día y otros profesionales que forman parte de la red de atención a personas con discapacidad en toda la provincia.