El Senado de Mendoza otorgó media sanción a un proyecto clave que busca ordenar el complejo mapa de la atención a la niñez en la provincia. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, apunta a terminar con la dispersión administrativa donde coexistían centros de desarrollo infantil y familiar bajo distintas denominaciones y órbitas. La senadora Mariana Zlobec, una de las principales voces en el tratamiento del proyecto, explicó que esta reorganización no es solo un movimiento de organigrama, sino una herramienta para que el Estado llegue antes y mejor allí donde los derechos de los más chicos han sido vulnerados.
Unificación de los centros de atención
La iniciativa apunta a reorganizar la estructura administrativa y funcional de los Centros de Desarrollo Infantil y Familiar (CDIyF), los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) y los Espacios de Primera Infancia (EPI), que actualmente coexisten dentro del mismo Ministerio bajo distintas órbitas, generando superposición de competencias y dispersión en la gestión. «Lo que hemos aprobado es una modificación para optimizar el sistema y hacer más eficientes los recursos. Muchas veces, tanto el Estado como las personas tenían que ir por una ‘doble ventanilla’ para el mismo trámite», explicó Mariana Zlobec a FM Vos 94.5.
Asimismo, destacó que estos centros cumplen funciones vitales que van más allá del resguardo, abarcando un acompañamiento pedagógico y sanitario que busca igualar oportunidades desde la cuna. «Distintos espacios garantizan un servicio educativo y nutricional integral. No solo es alimentación, es educación nutricional, monitoreo de las políticas educativas y algo que nos parece fundamental: promover los controles obligatorios de salud y vacunación», enfatizó.
«En un mundo donde han vuelto algunas enfermedades viejas, asegurar que el calendario de vacunas se cumpla es una prioridad territorial. Trabajamos con redes territoriales para que la atención sea pedagógica y social al mismo tiempo», aseguró.
El drama de la vulnerabilidad: cuándo interviene el Estado
La unificación de los centros busca ser el soporte crítico en situaciones extremas. La premisa es que un Estado ordenado administrativamente puede detectar y actuar con mayor celeridad ante situaciones de riesgo, evitando que la burocracia demore la protección de un menor.
Existen patrones de intervención recurrentes que activan los protocolos de los centros de infancia. «Intervenimos ante situaciones de abandono, negligencia —como dejar a los chicos solos por períodos largos— o casos gravísimos como abusos o maltratos en el hogar. Allí es donde el Estado debe actuar de manera inmediata para proteger al menor», detalló Zlobec, enfatizando que la rapidez es vital para minimizar las secuelas del trauma.
Un factor que aparece con frecuencia es el desafío del consumo. Con respecto a ese serio problema, la senadora reconoció que el consumo problemático de sustancias en los adultos es una causa recurrente de vulnerabilidad. «Muchas veces la acción policial o los problemas de adicciones en los progenitores obligan a retirar a los chicos de su entorno directo. El Estado siempre busca hasta el último recurso para que el niño se quede con un abuelo o un tío antes de judicializar la situación. El objetivo es preservar el vínculo afectivo con la familia extendida siempre que esta pueda garantizar un ambiente sano», explicó.
Por otra parte, el proceso no se agota en el resguardo, sino que apunta a la revinculación. Incluso cuando las circunstancias obligan a que los niños terminen en un hogar estatal, el trabajo social no se detiene. «El proceso de revinculación es constante. Por experiencia propia veo que muchos casos se logran y los niños vuelven con sus familias extendidas una vez que el peligro ha pasado», señaló la legisladora, destacando que los hogares deben ser instancias transitorias hacia una solución familiar definitiva.
El «después» de los 18 años: formación para la vida adulta
Uno de los puntos más sensibles de la charla con la senadora fue el destino de aquellos jóvenes que, por diversas razones, crecen dentro de los hogarcitos estatales y deben egresar al cumplir la mayoría de edad. «Los hogares están divididos por edades para que la convivencia sea adecuada. A medida que los chicos crecen, empezamos a darles herramientas de formación profesional o de oficios. El objetivo es que puedan salir al mundo con un trabajo», remarcó Zlobec.
«Después de los 18 años el Estado ya no tiene su guarda, por lo que se los ayuda mucho con talleres y profesionalización. Hay casos donde los jóvenes estudian tareas de cuidado y, al no tener una contención afuera, se quedan trabajando profesionalmente en el mismo hogar donde crecieron», comentó.
El camino legislativo
Tras obtener la aprobación en la Cámara Alta, el proyecto se encamina ahora a su paso final para convertirse en ley. «El proyecto tiene ya media sanción del Senado. Ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde se trabajará en las comisiones respectivas. Calculo que en unas dos semanas ya podríamos tener la sanción definitiva para que esta reorganización empiece a funcionar plenamente en toda la provincia», completó la legisladora Mariana Zlobec.
Qué cambios plantea la reforma
La reforma de la Ley 9139 establece un cambio de mando estratégico: los antiguos CDIyF, CDI, CEPI y EPI dejarán de estar dispersos para depender exclusivamente de la Dirección de Centros Educativos de Primera Infancia. Esta nueva estructura funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Educación y la Dirección General de Escuelas (DGE), concentrando en un solo ámbito todas las tareas educativas, pedagógicas, administrativas y de cuidado integral.
De manera complementaria, la Dirección de Protección y Restitución de Derechos quedará conformada únicamente por los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI). Al separar la gestión de los centros de la intervención técnica, se garantiza que los ETI puedan dedicarse exclusivamente a su función crítica: la intervención directa y la restitución de derechos ante situaciones de vulneración.
Desde el punto de vista organizacional, esta iniciativa evita la duplicación de funciones dentro del Ministerio, optimiza la estructura institucional y garantiza una distribución más eficiente de competencias. Según los fundamentos del proyecto, la reforma consolida un modelo de gestión más coherente con la Ley General de Educación y con las obligaciones del Estado en materia de desarrollo y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes.
