El Ministerio de Producción de Mendoza ha reafirmado su compromiso con los municipios del sur, en particular San Rafael y General Alvear, al concretar un convenio de colaboración clave para la temporada de lucha antigranizo. El ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu confirmó que la infraestructura y los recursos provinciales ya están disponibles, mientras que la provincia se concentra en fortalecer el Fondo Compensador Agrícola.
El esquema de apoyo a la lucha antigranizo en el sur provincial se mantiene en los mismos términos que la temporada anterior, tal como se acordó con el fideicomiso de San Rafael y General Alvear. «Hace ya tres o cuatro semanas que las aeronaves están listas, con todas las bengalas y cartuchos en el polvorín de San Rafael. El convenio está firmado; la infraestructura está disponible para el pedido de los municipios», aseguró Rodolfo Vargas Arizu a la emisora radial FM Vos 94.5.
El Ministro precisó que la provincia pone a disposición tres aeronaves, incluyendo un avión de back-up solicitado por los municipios, además de toda la infraestructura clave. «El aporte de la provincia, que incluye radarización, aviones y bengalas, ronda los 900 millones de pesos y no será cobrado. Los municipios solo deben cubrir los pilotos y el combustible», señaló.
A pesar de que el equipamiento está disponible desde hace semanas, la puesta en marcha corresponde a los municipios. «Hace más de un año levantamos la lucha antigranizo. Sin embargo, a quien la quisiera seguir, le prestamos el equipamiento», comentó el ministro.
El Fondo Compensador Agrícola como eje central
Si bien la provincia sigue prestando apoyo técnico y de infraestructura a quienes solicitan la lucha antigranizo, la estrategia ministerial se enfoca en el Fondo Compensador Agrícola, que brinda una respuesta directa a los productores afectados. «Nos enfocamos en el Fondo Compensador Agrícola. Son muchos más fondos que van directamente al productor y dan solución cuando hay daños fuertes, desde más del 51% de pérdida hasta el 100 %», subrayó.
«El fondo lo pusimos en marcha el año pasado. Está indexado por el INDEC y el IPC, y han subido los valores. Hemos diagramado algo para que quien tiene el problema, verdaderamente lo solucione», destacó.
Dentro de ese marco, Vargas Arizu resaltó que la mayor parte de la asistencia se concentró en el sur. «De los 7.300 millones de pesos que se pagaron, 5.300 se pagaron en el sur: General Alvear y San Rafael. Además, estos municipios, junto con la zona este, representan la mayor parte de los productores que se han asegurado», precisó.
Un dilema existencial en la vitivinicultura
Consultado sobre el panorama de la nueva temporada vitivinícola, que arranca con precios atrasados y baja demanda, el ministro reconoció la complejidad del escenario. «Todos los años hay una problemática distinta; nunca dicen que está todo bien. Este año el problema es la baja de consumo en el mundo, no es la baja de consumo aquí en Argentina», aseveró el entrevistado.
Ante este contexto, se ha reunido el Consejo del Banco de Vinos, que ha decidido no intervenir directamente en el precio, sino enfocarse en mecanismos para aliviar el mercado interno. «El Banco de Vinos decidió no intervenir directamente, sino enfocarse en sacar productos fuera de Argentina», declaró al respecto Rodolfo Vargas Arizu.
Para lograr esto, el Ministerio ha gestionado prefinanciación de exportaciones con Banco Nación y Banco Ciudad. «Hemos conseguido prefinanciación de exportaciones para sacar volúmenes de Argentina, y si bien esperamos que baje la tasa después del riesgo político, la viticultura enfrenta un dilema existencial», consideró.
Profunda desregulación del INV
Otro tema de impacto es la desregulación que se lleva adelante en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que ha supuesto la eliminación de 973 normas. «Se han eliminado 973 normas, haciendo al mercado mucho más libre. Es una desregulación profunda y muy fuerte en la que hemos trabajado», enfatizó el titular del Ministerio de Producción.
Aunque la provincia celebra la mayor libertad de mercado, Vargas Arizu señaló una objeción específica que se está discutiendo con las autoridades nacionales. El punto de tensión es la desregulación del CIU (Certificado Único de Ingreso), el documento que garantiza la trazabilidad del material. «Uno de los dos puntos que no nos parecía bien desregular es el CIU, el documento que contiene información clave sobre la uva —como origen, zona y grado Baumé—, y que resulta esencial para garantizar la trazabilidad del material», confió ante nuestro medio de comunicación.
A pesar de esta objeción, que espera solucionar mediante el diálogo con la Secretaría de Agricultura, Vargas Arizu enfatizó que el mensaje final es de total bienvenida a los cambios, destacando que la desregulación ofrece más libertad al mercado, pero también transfiere la responsabilidad a los productores y bodegas, en lugar de depender del Estado y el gobierno.
