Proponen mejorar la conectividad de Mendoza

Una iniciativa presentada por los senadores Mercedes Rus Rolando Baldasso busca establecer un marco regulatorio para el acceso a la infraestructura pasiva en igualdad de condiciones y sin discriminación para todos los prestadores de servicios de tecnologías de la información y de comunicaciones que cuenten con licencias habilitantes para operar.

De esta manera se pretende mejorar la conectividad en la provincia, aumentando su alcance y mejorando la calidad del servicio. Además, aseguran que se evitarán asimetrías entre las zonas más urbanas y las más inhóspitas en cuanto a la necesidad de satisfacer el servicio de conexión a internet.

«De esta forma se favorece al consumidor doblemente, por un lado amplificando la red de forma que el servicio sea prestado en todos los rincones de Mendoza, y por otro, aumentando la competencia y de esta forma estimulado más calidad y menor precio. Por este motivo, la iniciativa comprende el desarrollo de las economías regionales y mejorar los índices de conexión de Mendoza», aseguran en los fundamentos.

Además, aclaran que «en los tiempos que corren, tanto los servicios de telefonía móvil como de internet, se han convertido en fundamentales para el desarrollo individual, profesional, empresarial y económico. El uso del servicio de internet se ha ampliado y diversificado exponencialmente, siendo una herramienta imprescindible para la sociedad».

Por eso afirman que este avance en el consumo debe ir acompañado de la infraestructura necesaria para el normal desarrollo del servicio y de la legislación pertinente y que es sabido que el servicio no llega a todos lados y que a la baja calidad y saturación se le suma que muchas veces el monopolio en la prestación termina afectando al consumidor, enfrentándolo con precios más altos.

«En parte ello se debe a que pequeñas y medianas empresas y operadores de TIC encuentran limitaciones dado la falta de regulación adecuada y homogénea en todo el territorio», fundamentan.

En este marco es que se propone una reglamentación que establezca las condiciones técnicas y jurídicas del uso de la infraestructura pasiva, guiados por el principio que el último recurso es la colocación de nuevos postes, no solo por cuestiones de ordenamiento territorial sino también ambientales.

En la sesión del 24 de noviembre pasado fue aprobada la preferencia con despacho del proyecto, se espera su próximo tratamiento en sesión de Senadores.