A través de un proyecto de Ley, la diputada provincial Josefina Canale (PDP) insta al Ejecutivo mendocino a instrumentar un sistema de colaboración entre el sector público y el sector privado, aplicando una retención, por medio de pagos a cuenta de los salarios mensuales de los agentes y funcionarios de la Administración Pública, para destinarla exclusiva y excepcionalmente a la conformación de un Fondo Fiduciario para asistir al sector privado de la economía, que lo requiera con motivo de la cuarentena COVID-19.
Los pagos a cuenta se aplicarán según alícuotas progresivos desde el 0,50% para el sueldo de $ 20.000 hasta el 20% para sueldos de $210.000 o más.
Dichos pagos a cuenta se aplicarán a Sueldos y SAC correspondiente al 1° Semestre, a partir del 1° de Mayo y hasta el 31 de julio del 2020, a todo el personal de los tres Poderes del Estado.
En cuanto al Poder Ejecutivo se aplicarán a la Administración Central y Organismos Descentralizados, con excepción del personal del Ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad y de la DGE.
Conforme el ahorro presupuestario, que las medidas adoptadas en la presente determinan, el PEP podrá reasignar las partidas que pertenezcan, a fin de la creación de un Fondo Fiduciario para subsidiar a trabajadores del sector privado, del ámbito de actividades paralizadas por la pandemia.
Según el proyecto de Ley “los empleados estatales que hoy no prestan sus funciones de manera presencial, ni virtual, deberían devolver las horas no trabajadas una vez terminado el periodo de aislamiento, en cada una de las reparticiones donde prestan sus servicios”.
Estableciendo además que “si los montos establecidos en la escala de referencia, no se convalidaran en un Acuerdo Paritario futuro, las sumas retenidas podrán ser reintegradas en un plan de repago, una vez superada la Emergencia Económica y siempre que una ley provincial así lo determine”.
La legisladora consideró que hoy “se produce una desigualdad entre aquellos que sólo cuentan con ingresos si producen (sector privado), y aquellos quienes son empleados del Estado, que trabajan en cualquiera de los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo o Judicial o entes descentralizados (sector público), que de todos modos cobran un sueldo seguro a fin de mes, siendo hoy una clase privilegiada por la estabilidad propia con la que cuenta este tipo de empleo”.
“Es necesario que haya una colaboración entre el sector público y el sector privado para poder, de alguna manera sostener la economía de la provincia, como también los miles de puestos de trabajo que se encuentran en riesgo a raíz de la cuarentena que atravesamos”,subrayó.
Fuente: Jornada
