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Proponen que los servicios de internet y telefonía móvil sean públicos

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Con el objetivo de incluir y brindar igualdad de posibilidades a todos los ciudadanos, el diputado Jorge Difonso presentó un proyecto con el fin de que internet y la telefonía móvil sean considerados “básicos” y por lo tanto, “servicios públicos”.
El bloque del Frente Renovador presentó un proyecto para que esas tecnologías que tanto utilizamos en esta época, sean consideradas “básicas”. De esta manera, se busca que se asegure la conectividad en todas las regiones de Mendoza y las tarifas sean reguladas mediante audiencias públicas y no a criterio de las empresas que brindan esos servicios.
El diputado Difonso presentó este proyecto en cuyos fundamentos señala que nuestra provincia está atravesando una pandemia sin precedentes, al igual que todos los países del mundo. En ese marco rigen medidas que tienen que ver con el aislamiento social, con sus consecuencias y miles de personas que están imposibilitadas de asistir a sus lugares de trabajo en forma presencial; hay alumnos sin asistir a sus aulas y cada actividad se ve restringida o limitada por esta circunstancia. No obstante, gracias a los servicios de internet y de telefonía móvil muchas actividades han encontrado una forma de desarrollarse, lo cual demuestra su utilidad e importancia para todos.
“El proyecto que fue aprobado la semana pasada, apunta justamente a declarar a internet y a la telefonía móvil como servicios públicos”, dijo a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael. Además, criticó que los sistemas como están funcionando en la actualidad, son constantemente cuestionados, criticados e incluso denunciados en defensa del consumidor por la irregularidad con la que trabajan. Al mismo tiempo, se cobran de maneras poco claras, con aumentos sorpresivos e injustificados.
El legislador considera que así como debe ser un fin del Estado garantizar el acceso a los servicios de educación y salud, también deben considerarse indispensable que se garantice el acceso a la telefonía móvil e internet. “Cuando una actividad requiere que sea continua, que se ejerza con profesionalismo y que sea uniforme en todo el territorio, ya tiene el perfil de servicio público”, destacó, y aclaró que no se habla de una estatización de empresas, sino de mayores controles sobre las privadas, obligarlas a prestar servicio donde no lo hay, mejorar la calidad y discutir códigos de la facturación, ya que al ser esencial “no puede quedar librado a una relación desigual entre una persona y una gran empresa, como es hoy”.

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