Prórroga de la Ley de Arraigo: alivio para San Rafael y Malargüe, donde vive la mayoría de los puesteros mendocinos

La Legislatura de Mendoza dio un nuevo paso para proteger a las familias puesteras y evitar desalojos forzosos: el Senado provincial aprobó por unanimidad la prórroga de la Ley de Arraigo de Puesteros, extendiendo hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los procesos judiciales iniciados, incluso aquellos que ya estén en etapa de ejecución de sentencia.

La medida resulta primordial para San Rafael y Malargüe, departamentos donde se concentra una porción decisiva del universo puestero provincial.

Si bien no existe un número único, exacto y actualizado por departamento, registros recientes mencionan que en Mendoza hay alrededor de 3.600 familias campesinas crianceras, y una parte muy importante reside en el sur, especialmente en estos dos territorios de grandes extensiones no irrigadas.

El proyecto modifica el artículo 1° de la Ley 9297 y, a los fines previstos por el artículo 39° de la Ley 6.086, amplía hasta fines de 2026 la suspensión de los procesos contra puesteros “cualquiera fuera su estado”.

En la práctica, esto significa más tiempo y resguardo para familias que viven y producen en el secano mendocino, muchas de ellas dedicadas a la crianza de chivos y ganadería de subsistencia, sosteniendo arraigo, cultura y economía rural.

La normativa original existe desde 1993 y creó el programa de Promoción y Arraigo de Puesteros en Tierras no Irrigadas. Desde entonces, la suspensión de desalojos se fue prorrogando en múltiples oportunidades.

En los fundamentos se reconoce que durante 2025 se trabajó en una modificación integral para regularizar la situación de las familias, pero al no llegar con los tiempos legislativos, se apeló a esta nueva prórroga para evitar desalojos inmediatos.

Ahora, con la aprobación legislativa, el próximo paso será la promulgación del Poder Ejecutivo para que la extensión del plazo quede plenamente vigente.