La presidenta de la ONG Protectora, Romina Ríos, explicó que la derogación de tarifas especiales mediante la Ley Ómnibus de Javier Milei, que históricamente beneficiaba a las provincias de la Patagonia, es una medida que afectará directamente a Mendoza. La ampliación de “zonas frías”, realizada en 2021, incluyó a nuestra provincia, proporcionando descuentos a usuarios que cumplían ciertos requisitos.
“La ley de zona fría reducía entre un 30 y un 50 por ciento las tarifas para aquellos usuarios que no percibían más de cuatro salarios mínimos vitales y móviles, no tenían más de tres inmuebles, carecían de vehículos cero kilómetros, eran veteranos de Malvinas o trabajadores domésticos”, detalló Ríos a Diario San Rafael y FM Vos 94.5.
La implementación de una nueva canasta básica energética, junto con la falta de claridad sobre la aplicación de subsidios, genera incertidumbre entre los usuarios. “Se equipararán los N2 y N3 con los N1, provocando un aumento del 30 o 50% en las facturas. Sumado a esto, se espera un incremento tarifario del 300 al 700%”, advirtió Ríos.
El impacto no se limita a la capital mendocina; se extiende a todo el territorio provincial. Si bien Malargüe ya disfrutaba de descuentos por su inclusión en la región patagónica, el resto de Mendoza se sumó a partir de 2021. “En Mendoza, el frío es intenso en invierno, y la necesidad de gas es imperante. Los grandes pueden afrontar estos costos, pero los sectores vulnerables, como niños y ancianos, se ven afectados”, subrayó Ríos.
La ley de zona fría, lejos de ser un simple subsidio, opera a través de un fondo fiduciario alimentado por los usuarios. “No es un aporte del Tesoro Nacional, sino de lo que pagamos en nuestra factura. La eliminación de este beneficio sin la implementación inmediata de nuevos subsidios deja a muchas familias en una situación precaria”, destacó Ríos.
La exclusión de usuarios del sistema de gas plantea un dilema significativo. “Algunas familias deberán dar de baja el servicio y, en casos extremos, judicializar la situación. La falta de un plan claro y la precipitación en la toma de decisiones pueden generar perjuicios mayores que los beneficios esperados”, sostuvo.
La ausencia de audiencia pública por esta modificación legislativa genera preocupación entre los legisladores y la sociedad civil. “Es fundamental explicar el cronograma y el programa asociado a la quita de subsidios, así como las consecuencias que tendrá en la población”, insistió la titular de la ONG.
A pesar de encontrarnos en pleno verano, el impacto inminente de estas decisiones se hará evidente en los meses más fríos. “El cambio de condiciones y la falta de medidas claras pueden derivar en un escenario difícil para los hogares mendocinos, especialmente para aquellos que dependen del gas para calefacción y cocina”.
El análisis de la situación económica se torna aún más complejo al considerar a los jubilados. Romina Ríos detalló que “hay quienes no perciben la jubilación mínima y destinan un porcentaje significativo de sus ingresos al pago del gas. La exclusión de subsidios afecta directamente a este grupo vulnerable.
Aunque se espera una recomposición mensual a partir de abril, la incertidumbre persiste. La falta de garantías sobre el acceso a subsidios y la implementación de nuevas medidas generan inquietud en la sociedad mendocina y del país.
