Próvolo: todos los ojos sobre la Iglesia católica

Tal como informáramos en nuestra edición de ayer, el lunes 12 de abril se pondrá en marcha el tercer juicio por el Caso Próvolo. En esta oportunidad, las acusadas son las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, además de otras siete mujeres que desempeñaron tareas en el instituto de Luján de Cuyo, donde se cometían abusos sexuales a chicos con discapacidades auditivas.
La investigación judicial llevada adelante en el marco de uno de los casos más escandalosos de pederastia en instituciones católicas en nuestra provincia ya tiene cuatro condenados: en el primer juicio, el monaguillo Jorge Bordón (50), quien confesó ser autor de 11 abusos y fue condenado a diez años de prisión; en el segundo proceso, los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, y el jardinero Armando Gómez recibieron penas de 45, 42 y 18 años de prisión, respectivamente, por haberse probado abusos de su parte contra al menos 27 niños hipoacúsicos.
Los casos de abusos sexuales a menores cometidos por ministros de la Iglesia católica son, de un tiempo a esta parte, motivo de denuncias en varios puntos del planeta. En tanto, los mendocinos –y los sanrafaelinos en particular– no debemos ir demasiado lejos para encontrarnos con este tipo de sucesos, que conmueven las estructuras religiosas, filosóficas y jurídicas de las comunidades donde se cometen.
Las horrendas circunstancias descriptas por las víctimas manchan a una institución tan representativa como la Iglesia y aunque justo es decir que los ministros eclesiásticos acusados y condenados por estos delitos son una minoría dentro de la institución, es su condición la que agrava esas conductas.
Nuestra sociedad vive crisis en diferentes facetas, pero quizás ninguna sea tan perniciosa como la moral. Las situaciones descriptas evidencian apenas una faceta de este flagelo, que conspira profundamente contra el crecimiento saludable de cualquier comunidad.
Ojalá el juicio que comienza hoy siga arrojando certezas, determinando responsabilidades y castigando a los culpables. Es una respuesta que la comunidad mendocina en su conjunto merece.