Existe una propuesta desde la legislatura provincial para que los delitos de abuso sexual sean juzgados por jurados populares. Desde FM Vos (94.5) y Diario San Rafael entrevistamos al autor del proyecto, el diputado provincial Gustavo Cairo. “Se trata de la ampliación de la competencia de los juzgados populares en la provincia de Mendoza, la que poco a poco se ha ido ampliando. Primero se comenzó con su actuación en algunos homicidios agravados, recientemente aprobamos una modificación incorporando las violaciones seguidas de muerte, así como también los robos seguidos de muerte además de todos los homicidios agravados, que en la provincia deben ser juzgados obligatoriamente por juzgados populares. En su momento presenté un proyecto con todos estos delitos, más el abuso sexual con acceso carnal, pero este quedó afuera de la ampliación que se hizo; me ha parecido importante insistir con esto en una segunda etapa y por eso lo presenté de manera autónoma como proyecto de ley’, explico el legislador.
«El proyecto tomará estado parlamentario esta semana y seguramente pasará a la comisión de legislación. Este tipo de delitos es importante que sea juzgado por el sentido común de la gente. En su momento, yo participé en la ley que endureció las condenas para los violadores, entre otros, que impide la salida antes de tiempo en la cárcel de los condenados. En estos tiempos también se da la situación de falsa denuncia, y los jueces reciben presiones que hacen que en algunos casos livianamente eviten o dicten una condena en este tipo delitos, entonces el sentido común creo que tiene que primar, y nada mejor que un jurado popular para establecer las culpabilidades y dictar una condena”.
En caso de que este proyecto saliera aprobado, Cairo agregó que “habría que ver en qué tiempo se pondría en marcha; oportunamente, cuando no se aprobó, uno de los argumentos fue que por una cuestión de logística del Estado no era el momento de implementarlo. Pero paulatinamente se ha ido avanzando en este aspecto. En el proyecto que he presentado, queda la opción de que sea a elección del imputado de si desea, o no, ser juzgado por un jurado popular porque me iban a objetar que no había posibilidades de implementarlo masivamente para un nuevo delito, pero esto estará sujeto a debate y veremos si el oficialismo me acompaña en darle tratamiento rápido. Lo he hablado con algunas personas del poder Ejecutivo, a las que le parece lógico que el que sigue en la lista para implementarse por jurados, sea éste. El delito tiene una pena máxima de quince años de prisión, pero cuando es cometido por un ascendiente o descendiente, por ejemplo, un hermano, tutor o por alguna persona que tenga a la guarda o en custodia a otra persona, ahí la pena es veinte años”, cerró la entrevista Cairo.
